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"PUNTO FINAL"
Radicales entienden que existe un pacto

Los sectores radicales escindidos del Frente Amplio y el Movimiento 26 de Marzo (M26), arremetieron ayer contra el presidente Tabaré Vázquez por entender que el mandatario tiene "un pacto con los militares" y rechazaron la posibilidad de que el jefe de Estado "pida perdón en nombre del Estado, pretendiendo imponer un punto final inaceptable".

"El gobierno progresista está apurando los trámites para decretar el punto final. El pacto con los militares, pergeñado en el 84, adquiere nueva dimensión y se moderniza al estilo de Tabaré. Un discurso y una estética que apuestan a ablandar el corazón y adormece la inteligencia colectiva de los vecinas y vecinos orientales, pretendiendo imponer un nuevo tiempo de reconciliación", subrayó el Colectivo Militante, sector escindido de la Corriente de Izquierda.

Por su parte, el M26 señaló en el editorial del diario La Juventud de la víspera, que "la estrategia de punto final a la uruguaya existe desde tiempos de la dictadura y de las negociaciones del Pacto del Club Naval, entre Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el Frente Amplio".

Las críticas surgieron no sólo por la información publicada en Clarín el jueves 18 que indicaba que Vázquez se aprestaba a promover una ley de amnistía para militares y policías, sino por las informaciones que surgen desde el propio partido de gobierno.

Vázquez desmintió la versión de prensa, de la misma forma que el lunes 15 advirtió en el Consejo de Ministros que el Ejecutivo no tiene un "pacto" con los militares.

La eventualidad de que el tema de las violaciones a los derechos humanos quede concluido con la eventual prisión del ex presidente Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco, el procesamiento de no más de cuatro efectivos por el secuestro y asesinato de María Claudia García, y la no extradición de militares, fue una de las fórmulas manejadas en filas del oficialismo como las bases del acuerdo al que habría arribado el Ejecutivo y los integrantes del Ejército, según informó El País el pasado 20 de julio.


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