Un límite feroz

SE ha escrito y opinado mucho sobre el muro de Berlín, una frontera emblemática que partió en dos mitades la capital alemana durante tres décadas y que fue demolido hace quince años. También se escribe bastante sobre el muro que Israel está alzando en torno de los territorios palestinos de Cisjordania y que ha despertado abundantes polémicas. Se escribe menos, en cambio, sobre el muro que Estados Unidos ha levantado a lo largo de su frontera con México y que asume sin embargo un valor dramático para los países situados al sur de esa línea. La valla que se extiende junto al Río Grande por cientos de kilómetros, tiene carácter, altura y materiales variados según los trechos, pero fue edificada para frenar la incontenible oleada migratoria que presiona sobre ese límite y que desde hace décadas se ha convertido en la zona por donde ingresa a Estados Unidos un mayor número de indocumentados.

POR puntos como Ciudad Juárez, Tijuana o Nuevo Laredo, el flujo de los inmigrantes es continuo y se mezcla con el enorme tránsito vehicular que atesta esos cruces a cualquier hora, todo lo cual se superpone a otros negocios locales como el tráfico de drogas: algunos lugares de esa frontera figuran entre los mayores centros mundiales de distribución de estupefacientes (marihuana, cocaína y heroína, en ese orden), un fenómeno que determina asimismo los niveles de violencia criminal que se viven en esos puntos. La violencia ha alcanzado alturas capaces de obligar a las autoridades norteamericanas a cerrar el consulado de su país en Nuevo Laredo "por temor a que algún funcionario resulte herido o muerto" como reflejo de "la guerra urbana desencadenada por los cárteles de la droga", enfrentados para lograr el control de esos sitios estratégicos.

SOLO en la pequeña ciudad mexicana de Nuevo Laredo (enfrentada a la norteamericana Laredo, que se encuentra del otro lado del límite) se han registrado más de doscientos asesinatos en lo que va del año, entre cuyas víctimas figuran dos jefes de policía. Pero en ese lapso también se ha debido licenciar a la tercera parte de los 700 efectivos policiales de la ciudad "tras haberse probado su nexo con organizaciones de narcotraficantes". Por los cruces ubicados al sur de la ciudad californiana de San Diego pasan diariamente la frontera unos 53.000 automóviles, mientras también efectúan ese paso —pero a pie— unos 30.000 peatones. Allí la policía de fronteras detecta promedialmente unos 40 ilegales al día, pero un cruce como el de ese punto californiano es menos dramático que otros.

Esos otros, situados en pleno desierto de Arizona y en medio del descampado, son los trechos por donde cruzan los pobres inmigrantes latinoamericanos arreados por guías llamados chacales, que cobran muy bien por sus servicios y a menudo suelen dejar a su clientela en medio del paisaje desértico con pocas indicaciones y ningún recurso.

MUCHOS de esos ilegales suelen perder el rumbo y reaparecer días después en la frontera en estados de salud desoladores. "Al menos 126 inmigrantes han muerto tratando de ingresar a Estados Unidos por el sur, durante los últimos meses" sufriendo temperaturas enloquecedoras y el acoso permanente de las patrullas de frontera que (sin ir más lejos) entre octubre de 2001 y setiembre de 2002 detuvieron por ejemplo a 79 ciudadanos argentinos, cifra que el año pasado trepó a 252, aunque la inmensa mayoría de esa masa está formada por mexicanos y centroamericanos.

Desde el 11 de setiembre de 2001, sin embargo, la prioridad para esa patrulla fronteriza no son los inmigrantes sino los terroristas "que pueden intentar el cruce con armas".

EL Departamento de Seguridad Interior ha destinado desde hace meses más presupuesto, maquinaria, armamento y personal especializado a esa frontera, además de impulsar la ampliación del muro que bordea el límite con México, una obra que tiene empinados costos: sólo edificar 17 kilómetros de valla entre Tijuana y el Pacífico cuesta 50 millones de dólares, preocupación que se suma a la vigilancia sobre el contrabando de drogas y por último a la continua tensión derivada del cruce ilegal de particulares. "El área de Tucson —dice un informe— es la más dura de la frontera. Allí han muerto 105 inmigrantes ilegales desde octubre del año pasado, 22 de ellos por deshidratación".

Cerca de Tijuana, sobre la muralla fronteriza, la gente ha creado una especie de cementerio con cruces que cuelgan de la valla a lo largo de cientos de metros, en recuerdo de los muertos y desaparecidos en el cruce del límite. Según se dice, en ese tétrico mural ya figuran más de 3.200 cruces que son también un testimonio de las brutales desigualdades que arrastran a tanta gente a la clandestinidad y —eventualmente— a la muerte en busca de mejores condiciones de vida. Por el momento no hay soluciones para ese terrible fenómeno.

El 3 de abril del 2001 se suscribió, entre representantes del Partido Nacional y el intendente Arana, un Acuerdo por el cual nuestra colectividad política se comprometía apoyar la creación de la tarifa de saneamiento y la incorporación de ese importante servicio al Barrio Casabó, así como a propiciar una reducción progresiva de la tasa General Municipal, mientras que la Comuna, por su parte, se obligaba a promover el establecimiento del cargo de "Defensor del Vecino" en el ámbito departamental.

El Partido Nacional cumplió religiosamente con esos tres extremos, mientras que la Intendencia hizo caso omiso a su obligación, pese a que el Directorio, en tres oportunidades, —el 16 de julio del 2002, el 5 de agosto del mismo año y el 26 de mayo del 2003—, urgió que se diera satisfacción a la firma estampada.

Contrariando esa censurable actitud, el nuevo titular de la Intendencia Municipal, en una reunión mantenida hace pocas semanas con Ediles del Partido Nacional, "se comprometió" ahora a llevar adelante la creación de esa figura. Esperando que la palabra que otros no tuvieron, sea honrada en ese caso, nos mantendremos vigilantes desde aquí para controlarlo.