Manifestación en Brasilia dio apoyo condicionado a Lula

BRASILIA | AFP

Después de dos meses de diarias revelaciones de corrupción, miles de manifestantes salieron a la calle ayer y gritaron consignas que debieron sonar como música a los oídos del presidente Luiz Inacio Lula da Silva: "Lula, el pueblo está contigo". Pero los manifestantes, unos 20.000 según los organizadores, le exigieron cambios en su política económica. Para hoy está programada una marchada convocada por el ala izquierda escindida del PT, exigiendo el juicio político a Lula, una opción que se ha escuchado repetidamente en los últimos días.

"Contra la desestabilización y la corrupción". "Cambios en la política económica". "Reforma política ya", decían pancartas desplegadas por los manifestantes convocados por la Coordinación de Movimiento Sociales (CMS), que agrupa a organizaciones no gubernamentales y sindicales, algunas afines al Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

"Nosotros estamos aquí para decirle al presidente Lula que tiene nuestro apoyo, pero también tiene que cambiar su política económica y cumplir sus promesas de campaña que hicieron que fuera elegido por 53 millones de votos", dijo Paulo Cesar, uno de los manifestantes.

Entre tanto, desde uno de los tres grandes camiones de sonido que acompañaron la marcha, uno de los líderes advertía: "juicio político a Lula no tiene apoyo del pueblo. El pueblo brasileño se levantará contra el intento de la oligarquía".

Según los manifestantes, la derecha, "que no tiene autoridad moral para hablar de corrupción", está aprovechando las denuncias para desestabilizar al gobierno del izquierdista PT.

De acuerdo con las denuncias, el PT se valió de millonarios recursos no declarados para financiar campañas políticas en 2002 de sus militantes y de otros partidos, lo que ya fue comprobado.

Las investigaciones del Congreso ahora buscan establecer si parte de esos recursos también fueron utilizados para comprar el apoyo político al gobierno en el Congreso, según indican las denuncias.

Los manifestantes expresaron su apoyo al gobierno de Lula porque "es un patrimonio de la lucha del pueblo brasileño", pero, a la vez, dijeron estar a favor de que se investiguen las denuncias y se castigue a los corruptos.

Los manifestantes también le exigieron una vez más a Lula que cambie su conservadora y neoliberal política económica.

Por ese camino iban las consignas que propagaban ensordecedoramente los camiones de sonido: Lula tiene que poner fin al escandaloso superávit fiscal (de 4,25% anual del PIB) y a las elevadas tasas de interés (de 19,75% anual).

La marcha inicialmente protestó contra la política económica frente al ministerio de Hacienda y concluyó frente al Congreso para exigir una reforma política inmediata.

COMO ANTES. Algunos manifestantes, en su mayoría jóvenes, marcharon con sus caras pintadas con los colores verde y amarillo de la bandera de Brasil. Hicieron recordar a las masivas manifestaciones contra el presidente Fernando Collor, quien debió dejar el cargo en 1992 antes de que el Congreso lo destituyera por corrupción.

En la manifestación, que recorrió la explanada de los ministerios de Brasilia, participaron miembros de organizaciones sociales y algunos militantes del PT.

Algunos manifestantes saltaron a la piscina que rodea el Congreso y salpicaron a los uniformados de la Policía Militar que montaron un cordón de seguridad. Los agentes se mantuvieron impávidos, evitando cualquier confrontación.

El ex tesorero del PT, Delubio Soares, quien renunció el 5 de julio por el escándalo, dijo que no hubo pago de sobornos sino que con préstamos bancarios pagó deudas de campañas del PT y de grupos aliados, en fondos que no declaró a las autoridades electorales.

Nadie ha sido acusado judicialmente por las denuncias, pero el congreso analiza retirar el mandato de al menos una veintena de parlamentarios —algunos de ellos del PT— por admitir el financiamiento ilícito de sus campañas.

El ministro de gabinete y más cercano colaborador de Lula, José Dirceu, renunció al cargo el 16 de junio y en la primera semana de julio le siguieron los cuatro más importantes directivos del PT, todos —según la denuncia— responsables del manejo del supuesto esquema de sobornos.

Lula ha dicho desconocer cualquier acto ilícito y se declaró el viernes "traicionado" por militantes de su partido, fundado en 1980 con la bandera de la ética.

BRASILIA

El ex presidente brasileño José Sarney (1985-1990) dio ayer un espaldarazo al mandatario Luiz Inacio Lula da Silva, cuyo gobierno enfrenta una grave crisis política por denuncias de corrupción contra el oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

"No hay conducta del presidente Lula, nada que por poco pueda afectar su mandato, ningún delito de responsabilidad. El está pagando por los errores de su partido. "Lula constituye el símbolo y razón del avance institucional en Brasil. Bajo ninguna hipótesis este proceso puede ser cortado", dijo Sarney en un discurso pronunciado en el Senado.

Sarney, senador por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que hace parte de la alianza política que apoya al gobierno de Lula, resaltó además que las denuncias y las investigaciones del Congreso hasta ahora no han arrojado ningún delito de responsabilidad que alcancen al Lula.

El ex presidente también destacó la decisión adoptada el lunes por la oposición de no hacer de las investigaciones una lucha contra el presidente, ni buscar su expulsión del gobierno.

"Lula no se presentó ante el pueblo como una aventura personal. El presidente Lula tiene profundas raíces en el pueblo y eso no puede perderse de vista", alertó, añadiendo que no puede cortarse el proceso institucional desarrollado por el gobernante.

Tras hacer un extenso repaso histórico de las crisis políticas vividas por el país, mencionando entre ellas el suicidio del ex presidente Getulio Vargas, en medio de denuncias de corrupción, Sarney pidió una severa investigación de las denuncias contra el PT y castigar a los culpables.

De acuerdo con las denuncias, el PT se valió de millonarios recursos no declarados para financiar campañas políticas en 2002 de sus militantes y de otros partidos, lo que ya fue comprobado.

Sin embargo, el escándalo no llegó aún al mandatario, que niega ni siquiera conocer las maniobras de su partido.

La semana pasada, el jefe de marketing de Lula, Duda Mendoca, reconoció que parte de la campaña presidencial de 2002 se financió con fondos ilegales, lo que agravó aún más la crisis y despertó lo rumores de juicio político al mandatario, lo que fue finalmente descartado por las fuerzas de oposición.

Ayer, el primer secretario y administrador del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Emerson Palmieri, admitía ante una comisión legislativa —que investiga las denuncias de corrupción— haber recibido fondos del oficialismo. Palmieri dijo al congreso que su partido recibió poco más de US$ 2 millones entre 2003 y 2004 de manos del empresario publicista Marcos Valerio, señalado de ser el financista del supuesto esquema de corrupción dirigido por miembros del PT. Indicó que estuvo en al menos cinco reuniones con José Genoino y Delubio Soares, que ya renunciaron a la presidencia y tesorería del PT.