Inversión y estado de Derecho

MIENTRAS una línea del gobierno, liderada por el ministro de Economía Cr. Danilo Astori procura fomentar la inversión dentro de las garantías de un Estado de Derecho, otro sector del mismo partido se ha empeñado, sin proclamarlo, en desmantelar esas garantías, tanto para el capital dispuesto a invertir, como para derechos de la persona humana consagrados por la Constitución. El Presidente de la República ha pretendido jugar en las dos canchas, pero parece que ha empezado a cansarse.

El efecto que esa dualidad produce sobre el inversionista está bien reflejado en la carta recientemente aparecida en nuestra sección "Ecos". Es de un uruguayo que contesta a su familia radicada en Holanda. No nos resistimos a transcribirla: "Un grupo de inversores, está interesado en realizar algún negocio en Uruguay, y me preguntaron sobre mi país y si podrían invertir en él. Se trata de una industria que cubriría toda América del Sur. Ante las preguntas tuve que decirles la verdad.

1º) Si tienen un establecimiento industrial, puede ser ocupado por cualquiera, no solamente sus funcionarios, sino cualquier persona que declare que es sindicalista y ocupa. La policía no intervendrá y los ocupantes se irán cuando les dé la gana.

2º) Deberán realizarse reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo, pero el Gobierno ha anunciado que apoyará las reivindicaciones obreras.

3º) Una vez que tome obreros y empleados y estos se afilien al sindicato, no podrán despedirlos.

4º) Además el gobierno lo obligará a tomar entre 5 y un 10 por ciento de ex reclusos. Realmente tuve que recomendarles, que se establecieren en Chile. Es una pena".

A ello agréguese la cultura de los piquetes fomentada desde el gobierno, de los escraches que provienen de algunos de los sectores que le son afines y que en definitiva es el rostro de la intolerancia, y de la arbitrariedad. Hoy apuntan a un lado y mañana al otro según los vientos de la estrategia de los odios que se cultivan. La finalidad esencial, más allá del motivo ocasional que los convoca, es siempre la erosión del derecho y de la convivencia democrática, tras lo cual se echan a andar los sueños autocráticos, cuando no totalitarios.

En definitiva si se quisiera barrer con los supuestos más elementales para cualquier política dirigida a la inversión, pocas medidas pueden tener la eficacia de estas acumuladas decisiones del gobierno, de lo que da un testimonio incontrastable la carta que encabeza este artículo. Porque ese otro medio gobierno tiene una puntería singular para disparar a aquellos puntos que más seguramente desalienten, retraigan y alejen las inversiones del país. Para tales desbordes que se tiñen de política social, se ha invocado la justicia, la preocupación por el desamparo y la miseria, cuando en verdad de lo que se trata es de una verdadera apuesta a aumentar la pobreza, el desempleo, la desconfianza y el subdesarrollo.

Naturalmente que así la incoherencia en las decisiones de gobierno se hace casi frontal. 1º) Una de las fuerzas procura el objetivo de consolidar la confianza del país después de la dura crisis, de brindar la garantía de su orden jurídico para la convivencia en paz en un ámbito de seguridad y de tolerancia. El otro medio gobierno actúa exactamente en sentido contrario. Hace de la lucha de clases áspera, y continuamente agitada, la esencia de su filosofía y de su dinámica.

NO cree en el Estado de Derecho. Lo procura abatir cuando alienta la vía de los hechos, que elige como blanco, el desprecio al derecho ajeno. Convoca al permanente reclamo sin que preocupe las posibilidades del país para hacer frente a ellos, en tanto el otro medio gobierno procura encauzar la economía para ajustar a ella los logros de la Justicia. Recela del capital privado, cuando no exhibe un odio que se transpira en sus actitudes o en sus decisiones, mientras la otra parte del gobierno se esfuerza en atraerlo. Rechaza el pluralismo democrático por lo que las otras fuerzas políticas son tratadas de "enemigas". El otro medio gobierno no ha terminado aún por decidir sus opciones.

Si eso es inquietante, más grave aún es lo que hasta ahora parece ser el desmantelamiento del Estado de Derecho. Que no es otra cosa que el desplazamiento del poder institucional, que lo ejercen titulares investidos para ello, bajo normas y garantías establecidas por la Constitución y las leyes, electos por la voluntad libre de sus pueblos, y responsables además de las decisiones que toman, como de los abusos que cometen. Ese poder que debe ser garantía de todos, he aquí que por la propia voluntad de por lo menos medio gobierno, se ha ido desplazando a los grupos de la calle, que de pronto se sienten autorizados para atropellar el derecho ajeno, y ponerlo de rehén de sus reclamos, de sus odios, o de sus propósitos políticos.

SE diría que la lucha interna del progresismo se está librando también en este otro terreno. Menos mal que el gobierno, aunque tarde e incoherente, parece que ante esa inquietante situación, finalmente ha manifestado que no se tolerará cualquier cosa.

En los asuntos judiciales o administrativos quienes intervienen "constituyen domicilio" a los efectos de las notificaciones que se les deban practicar, frecuentemente en los estudios de sus profesionales.

Cuando, por finalización de los asuntos, o por otras causas, pasan al archivo, suele suceder que, transcurrido a veces largo tiempo, sea menester efectuar notificaciones a alguna de las partes, las cuales se realizan en los domicilios que se habían constituido.

Dado que en tales situaciones es frecuente que tal domicilio haya dejado de ser eficaz para que la notificación llegue al interesado, sería conveniente que las autoridades, judiciales o administrativas, dispusieran por reglamento, cuando un expediente permaneció paralizado por cierto lapso, que la notificación, para ser válida, deba practicarse en el domicilio real.