Ley de cárceles coloca a liberados a cargo de organismo sin recursos

Si bien el gobierno apuesta a que la ley de humanización y modernización carcelaria propende a una reducción de los índices de reincidencia de los delincuentes, tal cual lo planteó en el Parlamento el ministro del Interior, José Díaz, se abrió un flanco inesperado: el Patronato de Encarcelados y Liberados —que por la ley está obligado a atender a cerca de un millar de reclusos cuando sean excarcelados— trasmitió a la comisión la dramática situación financiera que atraviesa la que, para el ministro, es parte de los reclamos habituales. Sin mostrar mayor inquietud por el asunto, el ministro dijo que confía en que la Universidad, organizaciones sociales, gremios estudiantiles y las ONG van a "cooperar" en la nueva tarea de la entidad.

En la comisión legislativa quedó "claro" que el refuerzo económico de $ 300.000 que piensa darle el gobierno al Patronato "no alcanza", dijeron a El País participantes de la reunión. Antes, el Patronato trataba a los liberados que se presentaban, pero esta ley hace obligatorio el control. El organismo cuenta con 39 funcionarios más otros 12 que pertenecen al Ministerio del Interior, y su presupuesto anual es de $ 1.600.000, informaron sus autoridades a los legisladores.

El gobierno quiere aprobar en "el más breve plazo" posible esta ley, admitió Díaz, para lo cual en esta jornada se recibirá la opinión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Es probable que la semana que viene se apruebe la iniciativa en la comisión, adelantaron fuentes legislativas.

Tanto blancos como colorados entienden que no será posible hacerle cambios al contenido de la misma y en consecuencia, en tales condiciones no están dispuestos a aprobarla.

RESPONSABILIDAD. Aunque la ley contiene numerosas disposiciones, la liberación en un plazo de 60 días de entre 700 y 1.000 reclusos es el asunto más preocupante para los legisladores. Así, por ejemplo el diputado forista Washington Abdala le preguntó al ministro "quién se hace responsable" si los excarcelados vuelven a delinquir en cuanto queden libres, dado que los índices de reincidencia marcan que el 50% actualmente lo hace. Díaz respondió, entonces, que confía en que el mismo experimente un abatimiento significativo. Abdala advirtió que hay que actuar con capacidad de "rehabilitar" a esas personas, por lo cual planteó su inquietud por la falta de recursos del Patronato.

A su vez, ante una pregunta de Abdala a la asesora del ministro, María Noel Rodríguez, se ratificó que las tentativas de rapiña y de violación pasan a ser excarcelables. Varios legisladores le trasmitieron su incomprensión por esta medida, dijeron los informantes.

Otro punto de dudas fue cuando se le pidió un "antecedente" de nación donde se haya aplicado esta ley con buenos resultados, a lo que la asesora respondió que fue en Colombia. Abdala entonces le replicó diciendo que ese país está "en semi guerra", y que países como Francia, Italia, Chile, España tampoco lo tienen.

Abdala insistió en que la "tendencia mundial" marca que hay más encarcelamientos como consecuencia de la mayor cantidad y violencia de los delitos, a lo que los representantes del Ministerio subrayaron que el hacinamiento que se vive en nuestras cárceles es malo y que entonces hay que liberar reclusos.

Luego, Luis González, asesor del ministro en materia de derecho Penal, habló sobre algunos contenidos de la propuesta de modernización del sistema carcelario, como la redención de la pena, el hecho de trabajar un día y que valga por dos, lo cual llevó a pensar a algunos miembros de la comisión que la ley tiene aspectos valiosos.

El diputado colorado Daniel García Pintos se opuso fuertemente a la ley al considerar que los presos serán liberados "como si se tratara de una suelta de palomas", lo que a la gente "le pone los pelos de punta" porque en ese grupo habrá "desde ladrones de bicicletas hasta algunos homicidas".

García Pintos le preguntó de qué servirá la ley si dentro de unos meses las cárceles volverán a estar repletas por el alto nivel de hacinamiento.