Acordaron la agenda para la reforma de las cajas paraestatales

La comisión interministerial sobre seguridad social acordó la agenda de reformas de las cajas paraestatales en la que se buscará "integrar" a los representantes de estas entidades y "hacer cambios desde afuera", dijo a El País el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Carlos Viera.

El martes pasado se reunió la comisión que integran Viera, el jefe de asesores del Ministerio de Economía, Fernando Lorenzo, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Ernesto Murro, y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Viera dijo que para efectuar las reformas se contará con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) en el asesoramiento sobre "diagnóstico" y "propuestas".

Confirmó que tendrá prioridad la reforma de la caja policial por la cual se revisará el proyecto que tuvo media sanción parlamentaria durante la anterior legislatura. Debido a la normativa vigente el proyecto debería ingresar nuevamente para al análisis luego que sea revisado y modificado por el gobierno. Viera consideró un "buen" punto de avance el proyecto que había alcanzado mayorías durante la anterior legislatura.

Además se prevé que el BM asesore al gobierno sobre una revisión en los parámetros del régimen general de seguridad social.

Luego de un seminario organizado por el gobierno en mayo trascendió que desde el BPS y Planeamiento existe consenso sobre reducir la cantidad mínima de años para acceder a la jubilación, que tras la reforma de 1996 pasó de 30 a 35 años. Según esta visión la extensión de la cantidad mínima implicaría un riesgo de cobertura, dado que muchas personas no podrían alcanzar los 35 años. Consultado por El País, Viera dijo que no existe una definición al respecto.

El director de Planeamiento aseguró que el Banco Mundial sólo brindará su apoyo sobre la experiencia en otros países pero no recomendará o planteará los cambios que deberán procesarse.

Según las proyecciones del BM un incremento de cinco años en la edad de retiro tendría un impacto fiscal sobre el superávit primario de 0,4% del PIB. En ese trabajo se sugiere que la suba en la edad de retiro se "combine" con una reducción en la cantidad mínima de años de trabajo para acceder a la jubilación. Esto "reflejaría la realidad del mercado de trabajo" donde se han incrementado los contratos en negro. De no hacerlo, sostiene el informe, el Estado tendría que asumir un "pasivo contingente" cuando deba enfrentar un "creciente" número de personas que no puedan cumplir con la cantidad mínima de años exigida.