El gobierno pretende establecer un contralor oficial sobre los prestamistas individuales, que trabajan con independencia de las empresas financieras, bancos y casas cambiarias, a fin de evitar las prácticas usurarias. La idea está siendo desarrollada por el diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, como parte complementaria de las normas que instituyó el Poder Ejecutivo para atender el endeudamiento interno el pasado 17 de mayo.
El proyecto de ley del diputado Asti tiene tres objetivos esenciales: la defensa de los consumidores de servicios financieros; la cuantificación, caracterización y regulación del mercado parafinanciero; y el control del cumplimiento de normas fiscales sobre usura y prevención de las cláusulas abusivas y posición dominante.
De acuerdo con esta iniciativa, se dispone la creación de la sección Créditos Financieros del Registro Nacional de Actos Personales donde se inscribirán los créditos financieros otorgados por personas físicas o jurídicas que no revistan el carácter de Institución de Intermediación Financiera.
REGISTRO. En la nueva oficina se registrará el contrato, convenio o cualquier otro documento según el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de dinero con la obligación de restituirlo luego de un cierto plazo, adicionándole, o no, los intereses.
También se registrarán las cesiones, novaciones, refinanciaciones o modificaciones de los créditos inscriptos.
Cuando se produzca el registro del préstamo, se deberá indicar el monto, la moneda, el plazo y el origen del préstamo otorgado. También las tasas de intereses compensatorios y punitivos acordados, y los gastos y honorarios, derivados de la operación, que quedaron a cargo del prestatario. Así también la garantía aportada por el prestatario.
Hay que aclarar que estarán excluidos de este registro todos los créditos financieros otorgados por las instituciones de intermediación financiera controladas por el Banco Central del Uruguay (BCU).