De mal en peor

No nos contamos entre quienes hacen gárgaras con las virtudes de nuestro Estado de Derecho. Esta manoseada expresión jurídica fue acuñada en la Alemania de la segunda mitad del siglo XIX, por juristas que bregaban por el sometimiento de los gobernantes autócratas a las normas de derecho. De manera que, como dispone el art. 82 de nuestra Carta, el ejercicio indirecto de la soberanía "por los Poderes representativos que establece esta Constitución" se realice "conforme a las reglas expresadas en la misma".

Al Estado de Derecho se contrapuso, por los mismos doctrinos, el Estado de Policía. En este último, los gobernantes actúan discrecional y hasta arbitrariamente, sin sujeción a las reglas de derecho y haciendo de éstas un instrumento para obtener los fines perseguidos cualesquiera que éstos sean. La simple observancia de la realidad enriquecida con el ejercicio profesional en el área del Derecho Constitucional y más aun, del Derecho Administrativo, nos ha permitido verificar que la arbitrariedad campea muy oronda a lo largo y ancho de toda la Administración, comprendiendo en ella al estado Central, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales.

Los jerarcas y los burócratas, incluyendo a los asesores profesionales, cuando ejecutan contratos, adjudican licitaciones, ejercen sus poderes disciplinarios sobre los funcionarios o resuelven recursos administrativos, rara vez proceden con estricto arreglo a Derecho. Sus objetivos espurios, aun sin llegar a extremos de corrupción, son otros. Favorecer a la empresa o al funcionario amigo, reventando de paso a quienes no lo son. Y, además, no reconocer casi nunca el error o la arbitrariedad cometida. Su soberbia o su ignorancia, que a veces se dan la mano, se lo impiden.

El control jurisdiccional de la legalidad de los actos estatales resulta cada vez más ineficaz. En parte, porque la Suprema Corte y el Tribunal de lo Contencioso están desbordados de trabajo. Su rutinaria jurisprudencia se convierte así —por fuerza de las circunstancias y de la escasez de tiempo para estudiar a fondo los litigios—, en fuente de derecho.

En tales condiciones, encontrar un "leading case" que robustezca la fe en el Estado de Derecho y en los derechos de los justiciables, es motivo de sorpresa. Como la que deparó la reciente sentencia de la jueza Estela Jubette, al condenar al Banco Central a indemnizar a una persona los ahorros que perdió durante la crisis bancaria.

En tales condiciones, alguna gente esperaba que el cambio de gobierno mejorara el funcionamiento de nuestro tan imperfecto Estado de Derecho. Nosotros no. Hace rato que la candidez dejó de figurar entre nuestras cualidades, buenas y malas. Pero confesamos que no esperamos, a partir del cambio de gobierno, una erupción de politización en la Administración —de cuya mano, ensanchan sus dominios la arbitrariedad y la ilegalidad—, como la que toda la población está presenciando con creciente alarma.

Desde esta óptica, honran a "Brecha" y a su director Guillermo Waksman, lo que éste escribió el viernes 3 de junio.

"El nombramiento en cargos públicos, de amigos, familiares o allegados de los gobernantes, cuestionado durante toda la vida por la izquierda desde la oposición, es una desviación de la que no está libre el nuevo gobierno". Y, tras fustigar el relevo del Dr. José H. Leborgne y el pésimo manejo posterior de las repercusiones de esta alcaldada, agregó Waksman, con sobrada razón:

"La existencia de implicancias de diversa naturaleza en otras designaciones, añade más sombra a este panorama poco transparente".

Por cierto que, ante esta andanada que hace certero impacto bajo la línea de flotación de la nave del gobierno "progresista", no se dirá que "Brecha" y Waksman participan de una conspiración de los medios derechistas contra dicho gobierno.