Por primera vez agrupaciones de distintas profesiones pugnarán para dirigir la Caja Profesional en las elecciones que se llevarán a cabo el 15 de junio. Una serie de problemas internos que se generaron entre las distintas agrupaciones de profesionales, motivó que los médicos tengan su lista, y los abogados e ingenieros, la suya.
Los médicos fueron los primeros en escindirse de la agrupación, debido a que pretendían tener los dos lugares iniciales de la lista.
Luego, los abogados que históricamente se presentaron dentro del lema agrupación universitaria, en una lista compartida con otros profesionales, tendrán su propio sublema. La lista estará encabezada por Ronald Herbert, ex presidente del Colegio de Abogados.
La actual presidenta del CAU, Edith Wieder explicó a El País que los abogados entienden que tienen que tener un representante en el directorio que vigile los intereses de esa profesión y de los usuarios de la justicia.
Los abogados tuvieron un enfrentamiento con la Caja, debido a que esta impulsó la ley 17.738, que estableció el pago de 62 pesos, tanto para un escrito que promueve un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, como para la presentación de un escrito de escasa trascendencia, como puede ser el que informa al juzgado un cambio de domicilio real, o el que anuncia la agregación de un documento cualquiera. Los abogados entendieron que esa ley los perjudicó frente a otros profesionales.
Finalmente lograron reglamentar la ley y aclarar que los timbres judiciales sólo se pagarán al iniciar demandas pero no frente a todo escrito que se interponga.
Wieder afirmó que creen que es fundamental un director abogado que lleve adelante propuestas que beneficien a todos los profesionales y a los usuarios.
El directorio de la Caja Profesional está integrado por cuatro profesionales en ejercicio (hoy son contadores y arquitectos), un profesional pasivo (una abogada), y dos delegados del Poder Ejecutivo.
La presidenta del Colegio dijo que la Caja no presta en estos momentos los servicio que debería. Explicó que "las embarazadas tienen que devolver las prestaciones que reciben y lo mismo pasa con el seguro de enfermedad".
"Mientras no se brinden ese tipo de servicio los activos jóvenes seguirán declarando no ejercicio para no pagar", sostuvo. Añadió que en su caso paga 6.000 pesos por mes, lo que no corresponde con los servicios que recibe.