OSE notifica a Uragua fin del contrato

El directorio de OSE resolvió notificar a la empresa Uragua, proveedora de servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado, la rescisión del contrato que la une con el Estado. La firma cuenta ahora con diez días hábiles para realizar posibles descargos.

Las autoridades se basan en el informe de la Comisión Controladora de la Concesión (CCC), que comprobó incumplimientos, y recomendó la caída de la concesión, así como la imposición de multas a la firma de capitales vascos, que opera en Maldonado desde el año 2000.

En la sesión del viernes pasado, el directorio decidió dar vista a la empresa del informe que plantea la rescisión, informaron fuentes del organismo. Entre ayer y hoy, OSE comunicará oficialmente a la empresa el levantamiento del contrato.

A partir de la notificación, empieza a correr el plazo legal de diez días hábiles para que la empresa tome contacto con el informe y brinde su versión. Una vez que pase dicho período, el gobierno podrá operar la rescisión, siempre que los descargos "no sean de recibo".

Se estima que en unos quince o veinte días, OSE estaría en condiciones de dejar sin efecto el contrato de Uragua, y las autoridades del ente entienden que "es un hecho" que eso sucederá.

Desde el gobierno se considera que el Estado no deberá pagar un sólo peso de indemnizaciones debido a que Uragua ha incumplido el contrato y no ha invertido lo pactado. Sin embargo, es probable que la firma apele ante tribunales internacionales, y que la batalla se dirima en esa instancia.

"El directorio anterior debería haber notificado a Uragua y rescindido el contrato. Este informe se refiere a hechos comprobados en los años 2001 y 2002. No es algo reciente, pero por distintos motivos las autoridades anteriores decidieron no intimar a Uragua", dijeron las fuentes.

En el correr de esta semana quedará constituida una comisión técnica que trabajará en la toma de la concesión por parte de OSE. Si bien se considera que el ente se encuentra "totalmente capacitado" para hacerse cargo del servicio, hay muchos detalles a definir.

Uno de ellos es, por ejemplo, la cantidad de funcionarios que OSE deberá tomar para brindar el servicio de agua potable en Maldonado.

ANTECEDENTES. El informe de la comisión confirma una serie de incumplimientos que ya habían sido planteados en un expediente que OSE había abierto en noviembre de 2003, pero además recomienda la rescisión del contrato y la imposición de multas todavía mayores que en aquella oportunidad.

En aquel momento, el organismo controlador había determinado que la multa por concepto de atrasos en las obras del Interceptor Centro-Bulevar Artigas superaba las 30.000 unidades reajustables, monto que ya configuraba una causal de rescisión del contrato.

Tras el primer informe de 2003 se intimó a la empresa, que argumentó que no había podido realizar la obra porque requería del permiso ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), y esta no se había expedido.

El ente entendió que los atrasos —que también incluían las obras de la estación de bombeo Tacuarembó, redes de agua en Piriápolis y una planta de tratamiento en Pan de Azúcar— no se podían justificar por la demora de la Dinama. Sin embargo, en aquella instancia no se solicitó la rescisión.

El pliego de la licitación de la concesión de los servicios de agua potable y saneamiento en Maldonado establece que las obras definidas como "Clase 1" deberían haber quedado prontas antes del año 2005. Se trata de la ampliación de los sistemas de saneamiento de Maldonado y Punta del Este, y la construcción de una estación de bombeo de Punta de la Salina.

Las obras "Clase 2", que también deberían haber quedado prontas antes del quinto año de la concesión, incluían los sistemas de saneamiento de Piriápolis, Playa Grande, Playa Verde, Villa Delia, Los Aromos y Cerro Pelado.

También estaba incluida la construcción de plantas para la recepción de líquidos-lodos de barométricas provenientes de los pozos negros existentes en la zona. Dentro de los primeros cinco años también debería haber quedado pronto el emisario submarino de Punta Salina, de 2.100 metros de longitud que permitiría la disposición final de los efluentes.

Uragua ha asegurado que no pudo cumplir con todo lo pactado en el contrato por varias razones, entre ellas el cambio de la ecuación financiera producto de la crisis económica del año 2002.

La firma de capitales vascos —que opera desde 2000— presentó una nota al nuevo gobierno, donde reclama 14.700.000 euros para irse del país, a lo que se suma la devolución de 20 millones de dólares abonados inicialmente como garantía.