Además, le sale cara

Escribió el viernes pasado el doctor Leonardo Guzmán: "Si el pago de lo que adeuda el Estado pasa por manejos entre discrecionales y arbitrarios, si a cada jurídica se le reclaman dictámenes y defensas para posturas que se adoptan sin el Derecho por dentro, no es asombroso que haya plétora de quejosos ante las barandas de los Juzgados".

La reflexión de nuestro apreciado amigo, propia de lo que alguna vez llamamos con razón su hondo discurrir, vino a cuento de la queja gubernativa por el sinnúmero de litigios contra el Estado y de las condenas multimillonarias que los mismos generan. Los nuevos gobernantes parecen estar entre sorprendidos y molestos por esta situación.

¿De quién es la culpa? Si este grifo abierto, por el que se escapa y dilapida el dinero estatal —que es de todos nosotros—, fuera ubicable en uno o dos organismos o Ministerios, sería cuestión de deslindar responsabilidades y ubicarlas precisamente en las jerarquías de esos sectores de la administración.

Pero no es así. El problema tiene caracteres de generalidad, por cuya causa los juicios y las pesadas condenas proliferan tanto en el Poder Ejecutivo como en los organismos autónomos, sobre cuyos patrimonios recaen luego los fallos condenatorios.

Siendo así, como lo es, asiste plena razón al ex Ministro de Educación. Si los compatriotas pleitean contra el Estado y le ganan muchos juicios, a pesar de que no escasean jueces y tribunales renuentes a condenarlo, es porque el respeto por el Derecho se ha perdido casi por completo, en jerarcas, funcionarios y asesores. Casi todos ellos ignoran que discrecionalidad no es arbitrariedad, según enseñaba Sayagués Laso. Para ellos, por el contrario, discrecionalidad casi siempre es arbitrariedad. Esta, desgraciadamente, campea a lo largo y a lo ancho de la administración pública.

En algo, sin embargo, discrepo con el Dr. Guzmán. No es exacto, como regla general, que "a cada jurídica —es decir, a cada asesoría letrada estatal— se le reclaman dictámenes y defensas para posturas que se adoptan sin el Derecho por dentro". No es necesario hacerlo. Créase o no, está repleto de colegas, de ambos sexos, que ignoran que su misión es ilustrar a sus superiores acerca del Derecho —rectamente entendido— aplicable a cada situación. Suponen, por el contrario, que su rol es defender al Estado. Con buenas o malas armas. Con leguleyerías y, en los litigios, muchas veces con chicanas de cuarta categoría.

Ignoran, al parecer, que lo que deben hacer es asesorar, objetiva e imparcialmente. Para ello están, se les paga y se les llama asesores. Su nombre lo dice. Creen, sin embargo, o suponen, que su misión es halagar al jerarca, cuando procedió o pretende proceder en forma errónea, caprichosa, arbitraria, atribuyéndole una razón de que carece. Y carece de ella porque el Derecho —sí, con mayúscula— se la niega.

No puede extrañar, entonces, que proveedores, contratistas y funcionarios, lesionados por la arbitrariedad del Estado —y sus entes auxiliares— y hartos de ella, litiguen contra el mismo y le ganen muchos juicios. A veces por cifras multimillonarias. Eso sí, cuando ello sucede, a cada rato, apela sin razón y, si procede, interpone luego la casación. Y, cuando finalmente se cierra para su acreedor el vía crucis judicial, viene luego su peregrinar en el Ministerio de Economía, para cobrar. Casi siempre tarde y, a menudo, con cuentagotas.

Si tanta arbitrariedad, hija del desprecio por el Derecho y hermana de la ignorancia de sus fundamentos, le saliera barata al Estado, podría entenderse. Pero no, le sale cara. A la vista está.