El pasado viernes presentamos las bases programáticas en materia de políticas sociales para el departamento de Montevideo. Le hemos dado en llamar "Por un Montevideo más solidario". Justamente por eso, porque falta mucho por hacer en esta órbita y porque hay un discurso oficial, desde hace años en la IMM, que habla de una inversión en la materia que supera lo que otros han invertido. Basta observar que, según estudios realizados, de la totalidad del gasto social en Uruguay, el de Montevideo es igual que en las intendencias del interior. La capital requiere de políticas sociales sustentables.
Pero este no es un tema de números que suelen leerse de distinta forma, sino de problemas a encararse.
En Montevideo hay dos que rompen los ojos y donde más se ha notado la ausencia de políticas municipales. Hacen a la defensa de la dignidad de las personas y de la calidad de vida de miles de seres humanos: los asentamientos irregulares y los hurgadores de basura.
Con respecto a los primeros, crecieron en forma exponencial en los últimos quince años y la IMM no desarrolló ningún programa especial para prevenir y atender su expansión. El crecimiento hoy ya no se explica por la migración del campo a la ciudad, ni aun por la propia del centro a la periferia, son en buena medida los asentamientos "hijos" de los asentamientos. En la capital existen, según datos oficiales al 2003, 336 de los cuales 135 están radicados en predios municipales. No hubo una política activa que actuara para que este drama social no siguiera multiplicándose, y además no lo hiciera sin el mínimo de previsión en lo que respecta al ordenamiento territorial de la ciudad.
Ahora hay que actuar, con lo que significa hacerlo cuando se corren los problemas de atrás, y regularizar o realojar con una política de tierras y lotes con servicios que entre otras cosas reubique a aquellas personas que viven en las riberas de cañadas y arroyos en condiciones que lindan con la indignidad.
Con respecto a los hurgadores y carritos la única acción que ha tomado la IMM es patentarlos. En buena medida el fenómeno, con patente incluida, ha ido extendiéndose y salvo su registro nada se hace. El horror de ver niños revolviendo los contenedores de basura y adultos exponiéndose a condiciones que denigran a la persona, no se arregla con registros sino con acciones concretas.
Los chiquilines no deben estar allí sino en un entorno que los contenga y los proteja, que naturalmente es la familia, pero cuando ésta no lo puede hacer el Estado con sus instituciones educativas, o en convenio con privadas, debe proveer los recursos para que el peligro no atente contra ellos. Los adultos deben ser reconvertidos a tareas que se hagan en medios dignos, ya sea clasificando o reinsertándolos en labores que, sin requerir calificación especial, puedan desempeñar. Aceptar los carritos es resignarse a no tomar acciones.
Vamos por ello a enfrentar las políticas sociales con decisión, en serio. Con obras y no con discursos. Destinando los recursos que hoy se destinan a rubros que no se condicen con el cuidado que se debe tener con la plata que la gente aporta, a esta tarea. Y reclamando la imprescindible coordinación con los organismos centrales. Vamos a reclamar la participación protagónica de la Intendencia de Montevideo en la instrumentación del plan de emergencia.
Nadie más que las comunas saben mejor los padecimientos y las necesidades de su gente. Administrar esto desde lo central desconociendo esta realidad puede corresponder a intencionalidades políticas que deben estar bien alejadas siempre.
Estas son las cosas que queremos discutir. Se trata de hacer un Montevideo más solidario.