Acabando con el humo

YA son unos cuantos los países donde se prohíbe fumar en comercios, restaurantes, bares, oficinas o edificios públicos, reservando para los adictos al cigarrillo los pocos refugios constituidos por la calle o la propia casa, excepto aquellos locales comerciales donde existan áreas especialmente dedicadas a fumadores y provistas de la debida separación del resto del establecimiento. La tendencia a combatir el consumo de tabaco fue creciendo a impulsos de los famosos juicios que se entablaron en Estados Unidos contra fabricantes de cigarrillos que durante años engañaron al consumidor indicándole que el acto de fumar no estaba directamente vinculado con deterioros de la salud, en especial con el cáncer de pulmón. Cuando finalmente se comprobó que había un vínculo entre el consumo de cigarrillos y ese tipo de cáncer, muchos usuarios iniciaron pleitos contra esas marcas que los habían estafado y ganaron unos cuantos procesos judiciales cuyas indemnizaciones totalizaron cientos de millones de dólares.

Esa etapa dio nacimiento al combate frontal contra los fumadores y a reglamentos como el de Nueva York, donde ya no se puede fumar en lugares cerrados y donde es habitual ver en la puerta de grandes edificios de oficinas a mucha gente pitando en el único sitio que le han dejado disponible: la vereda. En principio, la lucha casi universal contra el consumo de tabaco en lugares públicos, es una iniciativa compartible porque se trata de un arma en defensa de la salud pública y sobre todo del llamado "fumador pasivo" que es quien no fuma pero vive o trabaja con quienes lo hacen.

PERO lo llamativo, en todo caso, es que las campañas antitabaquistas sean iniciativas excluyentes y no tomen en cuenta —por ejemplo— otras emanaciones que parecen tanto o más nocivas que el humo del tabaco, como los mortíferos gases que despiden los caños de escape del tránsito automotor.

Como en el caso de los autos y camiones habría que invadir un área directamente vinculada con el monumental negocio del petróleo, al que está asociada una parte de la clase dirigente, no se habla de emprender campañas de agresividad similar a la que combate el tabaquismo, aunque nadie puede negar que oponerse públicamente al gravísimo daño que provoca en los pulmones humanos esa emanación de los vehículos, sería una necesidad tan imperiosa como la que orienta la lucha contra el cigarrillo y resulta un tema tan urgente como el otro. Pero ni en los programas de radio o televisión, en las notas de la prensa, en el comentario de las autoridades nacionales o municipales y ni siquiera en las consultas médicas (donde suele hablarse del riesgo de fumar) se toca el tema de los gases letales derivados de cualquier parque automotor.

EN Italia, por ejemplo, a primera hora del 10 de enero entró a regir la ley que prohíbe fumar en lugares públicos, incluidos restaurantes, cafés y hoteles, entre otros espacios. Como era previsible, la medida desencadenó polémicas a todo nivel, resistencias de carácter variado y hasta desafíos: una hora después de inaugurarse la vigencia de esa ley, un parroquiano de un bar de Nápoles fue multado con 31 euros por encontrarse tomando un café y fumando un cigarrillo. El hombre fue denunciado por el propietario del lugar, sobre quien pesan multas mayores (de 220 a 2.200 euros) si no delata a quienes contravengan la disposición oficial. Otros comerciantes se quejan de no poder acondicionar sectores dedicados a fumadores por el costo que implica esa instalación, que debe estar totalmente separada del resto del local por paneles y provista de puertas de cierre automático, además de precisas normas de ventilación.

MIENTRAS tanto, en las calles no sólo napolitanas, millones de individuos caminan aspirando los gases que despide el tránsito y si bien no se intoxican con el humo del cigarrillo lo hacen —por ejemplo— con un consumo de alcohol que sigue siendo perfectamente legal. Si con la ley antitabaco se pretende demostrar que "el humo es perjudicial para la salud" parece extraño que las autoridades no consideren lo igualmente perjudicial que resulta el consumo de alcohol o el envenenamiento del aire en torno a los autos para esa misma salud del prójimo.

Si esos otros peligros obtuvieran un tratamiento similar al del tabaco, las leyes respectivas sonarían como una legítima defensa de la salud, pero como las normas antitabaquistas son un hecho aislado y ni siquiera se habla de esas otras categorías, la sensación que producen es la de un puritanismo que olvida más cosas de las que castiga, cuya fachada es más decorativa que auténtica, privilegiando las apariencias y no toda la realidad.

El informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) concluyó que si nuestro país importara naftas, éstas serían más baratas que las nacionales. Algo que se viene diciendo desde hace tiempo. Si se abaratara esa clase de combustible, tendría incidencia en muchos planos de la vida nacional. Pero, al mismo tiempo generará la reacción de los sectores interesados en la producción local de naftas.

La sociedad uruguaya todavía no tiene muy claro cómo manejarse en el terreno del mercado libre y la producción nacional. Si para mejorar la competitividad de nuestros productos necesitamos bajar los costos es evidente que es un objetivo permanente lograr cualquier rebaja en los insumos. Asimismo, mejorará el poder adquisitivo de muchas familias.

Por otra parte, las actividades productivas locales generan puestos de trabajo, y con ello inciden directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Entonces, habrá que decidir si está bien que paguemos más por las naftas de lo que deberíamos, con la única intención de proteger la fuente de trabajo de algunos uruguayos.