País Vasco

España se interna rápidamente en una difícil coyuntura constitucional. Por una parte el 20 de febrero se realizará el referéndum sobre la ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Por el otro, el 30 de diciembre el parlamento regional vasco aprobó un proyecto para un nuevo Estatuto Político para Euzkadi que propone importantes reformas al Estatuto de Autonomía vigente desde 1979.

El proyecto de Tratado fue suscrito por España, junto con los demás miembros de la Unión Europea, el 29 de octubre. Ahora cada uno de los países firmantes debe cumplir con su respectivo procedimiento constitucional interno para conseguir la aprobación legislativa y, luego, proceder a la ratificación del acuerdo internacional. Una vez conseguidas las ratificaciones el Tratado entrará en vigor (no antes del 1º de noviembre de 2006). Existen dos grandes procedimientos: la vía parlamentaria y la vía del referéndum. En el caso español se ha optado por combinar ambos caminos: el 20 de febrero tendrá lugar un referéndum nacional consultivo, luego el asunto será considerado por las Cortes con miras a su aprobación.

El segundo elemento de la coyuntura es la propuesta para un nuevo Estatuto Político de Libre Asociación impulsado por el Partido Nacional Vasco bajo el liderazgo del lehendakari Ibarretxe. Anunciada como "una propuesta para la convivencia", involucra cambios importantes en el marco constitucional actual y expande significativamente el grado de autogobierno en lo que denomina la Comunidad de Euzkadi, formada por los territorios de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya.

Los dos grandes partidos políticos españoles nacionales, el PSOE y el PP se oponen a la propuesta. El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, fue categórico en su respuesta al jefe de gobierno vasco tras una reunión de más de tres horas y media, donde calificó la iniciativa como "un error" que conduce a "una callejón sin salida" y agregó que durante su gobierno "nunca se aprobará y jamás, por tanto, se aplicará" el plan sobre un nuevo estatuto para el País Vasco.

El gobierno estaría igualmente dispuesto a que el proyecto sea debatido en el Parlamento nacional. Pero ello, como indicó la vicepresidenta primera del gobierno, para que "se diga ’no’ al ’plan Ibarretxe’ con luz y taquígrafos".