Agua: el gobierno actual no tomaría medidas; las dejará para el próximo

A falta de un mes y medio para el cambio de mando, es prácticamente un hecho que el gobierno actual no adoptará nuevas medidas sobre la aplicación de la reforma constitucional del agua y dejará el camino libre a la próxima administración, dijo ayer a El País el director de OSE Tomás Castro.

Desde la aprobación del plebiscito del agua el pasado 31 de octubre, el gobierno de Jorge Batlle ha mantenido reuniones con algunas de las catorce firmas que prestan servicios de agua y saneamiento en todo el país, y les ha solicitado información sobre su situación.

Sin embargo, uno de los pasos más concretos que dio la actual administración ha consistido en la emisión de un decreto para garantizar que las empresas continúen brindando el servicio durante el verano.

El decreto estaba dirigido específicamente a Uragua, que opera en el departamento de Maldonado desde el año 2000 y tiene firme interés de abandonar el país cuando antes.

El propio Batlle adelantó a mediados de noviembre que las tareas de relevamiento sobre la situación de las diferentes empresas durarían "entre cinco y seis meses" y que, en los hechos, el tema sería definido por el gobierno de Tabaré Vázquez.

Su pronóstico parece cumplirse. En lo que va del mes de enero no ha habido encuentros de representantes del gobierno ni de OSE con las diferentes firmas. Las reuniones de trabajo recién se retomarían en el mes de febrero, confirmó a El País el subsecretario de Vivienda, Oscar Brum.

Castro, en tanto, afirmó, que "da la impresión" que no existen avances en el tema y que no hay nuevas reuniones previstas. Agregó que en las últimas semanas sólo ha habido contactos con miembros del gobierno electo, para facilitar la información recabada hasta el momento.

"El próximo gobierno será, en definitiva, el que va a decidir la situación. Los días van corriendo y no creo que haya alguna solución clara sobre el tema antes del cambio de gobierno", sostuvo Castro.

GARANTIA. Mientras tanto, OSE realiza controles para asegurar la calidad del servicio en el departamento de Maldonado, donde Uragua trabaja al oeste del arroyo Maldonado y Aguas de la Costa al este del arroyo.

Se trata de un tema "fundamental" para las autoridades y por eso se realizan reuniones técnicas para seguir de cerca el tema, informó Brum. El gobierno exige que durante el período de transición la calidad del agua sea óptima, y hasta ahora no parece haber fallas.

El servicio que brinda Uragua es normal y no han existido quejas de los clientes. Además, la empresa ha continuado pagando el cánon mensual a OSE, establecido en el contrato.

Por otra parte, se mantiene el flujo de información entre las distintas empresas y el organismo, dijo Brum, pero aclaró que por el momento no se esperan novedades.

31 DE OCTUBRE

El plebiscito del agua fue aprobado con el 64,61% de los votos. La cifra fue confirmada por la Corte Electoral el 8 de noviembre, luego de realizar el escrutinio departamental.

11 DE NOVIEMBRE

El Poder Ejecutivo concluyó que el Estado debe asumir los servicios de agua y saneamiento que brindan catorce empresas en todo el país. Se habla de una transición "ordenada, rápida y fluida".

22 DE NOVIEMBRE

El presidente Jorge Batlle sostuvo que le entregará a la próxima administración "toda la información necesaria" para que tome la decisión final sobre el destino de las concesiones. Tres días después se desarrolló la primera reunión entre el gobierno y Uragua, que reiteró su voluntad de abandonar el país.

13 DE DICIEMBRE

Presidencia emitió un decreto por el cual obliga a las empresas a seguir prestando el servicio "con seguridad y sin interrupción" todo el tiempo que sea necesario.

3 DE ENERO

La decisión final sobre el alcance de la reforma constitucional del agua y la posible caída de las concesiones será tomada después del 1º de marzo por Tabaré Vázquez, dijo el futuro titular de OSE, Fernando Nopistch.