Silvio Berlusconi fue absuelto en sonado caso de soborno judicial

MILAN | EFE y ANSA

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, fue absuelto ayer por prescripción del delito de la acusación de soborno a jueces en 1985 para impedir la venta de la sociedad alimentaria pública SME a un empresario rival.

El Tribunal de la Primera Sección Penal de Milán señala en su sentencia que ha prescrito el delito, asociado a la entrega al juez Renato Squillante de 434.030 dólares en marzo de 1991 como presunto pago para "ajustar" un dictamen favorable, por el abogado personal y ex ministro de defensa de Berlusconi, Cesare Previti.

La fiscalía pedía ocho años de prisión para el acusado, y ya en noviembre de 2003 fueron condenados por el caso Squillante, a ocho años de prisión, y Previti, a cinco años.

Berlusconi afirmó ayer, tras saberse absuelto, que tiene "plena conciencia" de su inocencia. "Mejor tarde que nunca. Tenía razones para estar tranquilo, porque tenía plena conciencia de no haber cometido ningún delito", afirmó el premier en una escueta declaración.

La absolución ha sido recibida con júbilo por los dirigentes de la coalición gubernamental de centroderecha y con cautela por la oposición de centroizquierda, desde donde las formaciones más radicales han pedido la dimisión del mandatario.

Los abogados de Berlusconi, que son al mismo tiempo diputados de Forza Italia, reclamaron su absolución con el argumento añadido de que la causa tenía una raíz exclusivamente política.

DENUNCIAS. La denuncia se centra en torno a la venta en la década de 1980 de la empresa estatal de alimentos SME. En 1985, un grupo de magistrados bloqueó la venta de SME al grupo Buitoni, encabezado por el empresario Carlo De Benedetti, y fallaron en favor de un grupo de empresarios, entre ellos Berlusconi.

La fiscalía acusó a Berlusconi de darle dinero a uno de sus entonces socios cercanos, Previti, para sobornar a los jueces romanos y lograr la compra de SME.

El hecho surgió tras denuncias hechas en 1996 por Stefania Ariosto, ex compañera sentimental de Vittorio Dotti, abogado de Berlusconi y en ese momento jefe de los diputados de Forza Italia, que reveló la trama para comprar jueces.

Berlusconi dijo haber participado en el negocio a solicitud del entonces primer ministro Bettino Craxi, con el único fin de servir a los intereses nacionales, y en todo momento negó las acusaciones de que sobornó a magistrados.

Las condenas en primera instancia de Squillante y Previti se produjeron unos meses después de que el Tribunal de Milán decidiera juzgar por separado a Berlusconi, debido a sus numerosas ausencias por sus obligaciones políticas e institucionales.

Posteriormente, el Parlamento aprobó una polémica ley de inmunidad que dejaba en suspenso todos los procesos contra el primer ministro, pero seis meses después, en enero de este año, el Tribunal Constitucional la de- claró ilegal y se pudo reanudar el juicio.

Berlusconi, el hombre más rico de Italia, solamente estuvo presente en tres ocasiones durante su proceso. En Italia, los acusados pueden negarse a estar presentes en sus juicios.

ROMA

Los problemas con la Justicia del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, han sido una constante en sus diez años de vida política.

Antes de irrumpir en la arena política ya conoció el sabor de las condenas al ser hallado culpable de falso testimonio en el caso de la Logia masónica P-2, a la que pertenecía, pero la amnistía de 1989 le quitó de encima el peso del delito.

Sólo nueve meses después de su investidura como primer ministro, los mismos jueces que le habían allanado el camino hacia el poder le arrojaron de él con una acusación de corrupción a la Guardia de Finanzas —policía fiscal— encargada de controlar a sus empresas. Por este caso fue condenado a 2 años y 9 meses de cárcel, que las prescripciones y la insuficiencia de pruebas dejaron en el olvido.

La financiación ilegal con 21.000 millones de liras (10,5 millones de euros actuales) del Partido Socialista de su amigo y mentor Bettino Craxi, a cuya vera construyó su imperio empresarial, le valió una primera sentencia de 2 años y 4 meses de prisión, que la dilación del proceso condujo a la prescripción.

De este caso, conocido como All Iberian, surgió una ramificación, All Iberian II, por falsedad en balance, que él mismo se quitó de encima en 2002 con la promulgación, nada más regresar al poder, de una polémica ley que transforma los delitos de falsedad en simples faltas, y permitió a Berlusconi deshacerse de la acusación de usar dinero negro para fichar para el Milán al jugador Gianfranco Lentini.

Dos años antes, en 2000, se libró de una condena de 1 año y 4 meses de cárcel por otra falsedad en balance, en este caso por la compra de la sociedad cinematográfica Medusa, tras ser absuelto en la apelación.

En el 2001 también fue absuelto del llamado "laudo Mondadori", relacionado con supuestos sobornos a jueces para quedarse con la editorial más importante del país. EFE