MONTEVIDEO - La empresa española Uragua, que presta los servicios de agua potable en Maldonado anunció hoy que no pagará más el canon de 700.000 dólares que debe abonar mensualmente al Estado y que tampoco emitirá las facturas a sus clientes.
El viceministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Oscar Brum, informó a radio Sarandí que Uragua también dio un plazo de tres días al gobierno para que defina los pasos a seguir tras la aprobación, el 31 de octubre pasado, de una reforma constitucional que establece que los servicios de agua potable y saneamiento deben ser prestados por el Estado.
El funcionario dijo que, pese a esta situación comunicada a través de una nota, Obras Sanitarias del Estado (OSE) puede reanudar el servicio que presta Uragua "en forma inmediata, de ser necesario".
Brum dijo que los abogados de su cartera están estudiando el problema y sus eventuales soluciones.
"Lo que no aceptamos es que nadie nos imponga en forma unilateral una medida, como está haciendo Uragua en este momento. El tenor con el que Uragua ha transitado este camino con el gobierno no ha sido el deseado" agregó.
Mientras tanto, la empresa Aguas de la Costa, también de capitales españoles y que presta servicios en Maldonado al igual que Uragua, planteó el jueves mediante un recurso legal que pretende permanecer en el país.
La compañía entiende que la reforma constitucional no afecta su situación legal y, por tanto, está obligada a continuar operando en la zona que le fue concedida.
El gobierno insiste en que es necesario aprobar una ley constitucional, que clarifique el alcance de la enmienda de la Carta Magna, que fue promovida por el sindicato de OSE y respaldada gobierno electo y otros sectores políticos.
En base a AP