La administración cambió la cerradura

Separaron del cargo a jefe departamental de INAU de Canelones. Si bien las causas no han podido ser determinadas con exactitud, fuentes informaron que en la sede departamental del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, se cambió la cerradura el día viernes en que fue notificado el jefe departamental Hugo Smaldone de la separación del cargo. El mismo día, hubo una inspección de Servicios Generales en la Jefatura y en la sede del Hogar Infantil.

Junto al jerarca que no podrá percibir el salario por seis meses, fueron separados tres funcionarios más —su chofer es uno de ellos— y asumirá la conducción interina de esta jefatura el Sr. Roberto Arévalo proveniente de la Gerencia del interior de INAU.

De acuerdo a la información trascendida en la víspera, el ex jefe mantuvo un encuentro con los funcionarios a quienes anunció dará batalla ante este caso, informaron fuentes de la reunión. Sin embargo no precisaron qué determinó la medida tomada por el directorio de INAU.

Existe hermetismo por parte del sindicato que respetará la decisión del jerarca de no salir a la prensa por lo menos hasta hoy en que estaría convocando a una conferencia.

Trascendió sí que el funcionariado apoya al ex jerarca de INAU.

Poco antes de las 18 horas, se reunió en la sede del SUINM —Sindicato del Instituto Nacional del Menor por su anterior denominación— con el abogado sindical y el presidente José López.

El jerarca máximo de cada organismo tiene la facultad de disponer investigación administrativa, que determina si hubo hechos irregulares según consta en el artículo 182 del decreto 500/91 que regula la actividad de los organismos públicos.

Si se constata que hubo irregularidades, amparado en el artículo 183 del mismo decreto, se puede disponer el sumario administrativo, etapa en la que se determinan responsabilidades.

Mientras tanto el funcionario suspendidos tienen prohibido el ingreso a las oficinas o dependencias de su servicio, salvo que el máximo jerarca lo autorice expresamente.

Este decreto no rige el procedimiento judicial que los hechos puedan acarrear.