Ex director del Diario Oficial y su asesor procesados con prisión

El juez penal Pablo Eguren procesó con prisión al ex director de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO), Carlos Sánchez Bargas, y a su asesor Luis Curuchet, tras comprobar que se contrató directamente a la empresa editora del Diario Oficial —Riokar— en la que trabajaban familiares de ambos y en la que participó el propio Curuchet.

El magistrado les tipificó conjunción del interés personal y del público. En el caso de Sánchez Bargas le imputó el delito en las dos modalidades que prevé el Código Penal: por haber obtenido un provecho indebido para sí y por la omisión de denunciar el vínculo personal de Curuchet con el director de Riokar, Julio Cruz. Además mencionó que contrató a su hijo en el IMPO y a su hija en Riokar.

Ayer, el Ejecutivo del Movimiento Nacional de Rocha resolvió por unanimidad suspender a Sánchez Bargas como afiliado al sector.

En la sentencia, Eguren afirmó que ante el incumplimiento de la anterior impresora, se hizo un llamado en 1998 que ganó Riokar por recomendación de Curuchet, primo hermano del director de esa empresa. "Es Curuchet el que informa favorablemente para la adjudicación a dicha sociedad anónima. No se constituyó una comisión, como se suele integrar en los procedimiento licitatorios", señaló.

"El primo hermano opina favorablemente a favor de la adjudicacion a la empresa de su primo hermano", agregó.

Pero además, Curuchet integró conjuntamente con Cruz el directorio de la empresa contratante, "obteniendo la doble calidad de funcionario de IMPO y asesor de Sánchez Bargas y de director rentado de Riokar". Consideró además la rapidez con que se contrató a la impresora que nació en noviembre de 1998, y el 2 de ferebro empezó a trabajar para IMPO.

Agregó que al concluir el contrato "no se realiza licitación alguna, la que se podría haber previsto y se le contrata directamente por cinco años más". Aquí se omitió denunciar dicho parentesco por parte del director de IMPO.

Según Eguren, el ex director designó a su hijo en forma directa para ocupar un cargo en el IMPO y en esa relación omitió comunicar esa circunstancia, mientras su hija ingreso a trabajar en Riokar.

Por otra parte, el juez dispuso que se realicen peritajes para confirmar si existió un sobreprecio en relación a las cotizaciones dadas en el llamado a precios y que según un informe agregado al expediente produjo un provecho indebido de 59.938.560 pesos. Por último envió al expediente a la fiscal Diana Salvo para que resuelva sobre otras posibles responsabilidades.