Una cuestión de números

ESTIMACIONES del Instituto Nacional de Estadística de España acaban de informar que la población del país ha superado los 43.000.000 de individuos, y que más de 3.000.000 de ellos son extranjeros. Sólo entre enero y julio del corriente año se han inscripto en los ayuntamientos más de 280.000 personas procedentes del exterior, lo cual permite calcular que a fin de año los nuevos incorporados al padrón serán unas 474.000 personas, número algo inferior al de los dos años precedentes. De hecho, la llegada de extranjeros para radicarse en España ha mostrado una desaceleración con respecto al pasado reciente, aunque el volumen de ese flujo sigue siendo impresionante. Entre quienes llegan del exterior, las comunidades más numerosas son las de ecuatorianos, marroquíes, colombianos y dominicanos, aunque desde luego también hay cifras considerables de mexicanos, brasileños y rioplatenses.

AL margen de los números oficiales, otras estimaciones toman en cuenta los márgenes de ilegalidad que ocultan porcentajes difíciles de apreciar: un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid —que es un demógrafo experto en inmigración—"está convencido de que la población extranjera supera hoy el ocho por ciento de la población española", que en cualquier caso —con 43 millones de almas— es la más alta de toda la historia peninsular. Mientras tanto, las nuevas inscripciones de recién llegados mantienen su promedio de 39.500 por mes, con lo cual la cifra total de extranjeros que viven en España ha saltado de los 637.100 que había en 1998 a los 3.140.000 que se contabilizan hoy. Lo más sombrío de ese panorama son los sectores que provocan problemas a las autoridades españolas.

ALGUNOS de esos grupos proceden de Europa oriental (rumanos, búlgaros, bielorrusos) y en estos días la prensa madrileña informaba sobre la actividad en la capital española de varias bandas de inmigrantes rumanos, dedicadas a "reventar" las máquinas expendedoras de boletos del tren subterráneo de Madrid. Desde el mes de enero se han registrado ataques a setenta de esas máquinas, un operativo que en cada caso deja a los delincuentes un fruto que puede llegar a los 6.000 euros. En torno de tales episodios hay dos aspectos graves: uno de ellos es que luego del ataque (cometido con martillos y cortafierros) no sólo quedan destrozadas las máquinas sino también su sistema informático y su red de cables, con lo cual cada reparación puede costar hasta 3.000 euros. El otro aspecto grave es que los culpables de tales depredaciones han sido detenidos en varias ocasiones por patrullas policiales, pero "los jueces los dejan en libertad al tratarse de un delito que no genera alarma social".

AL comienzo —en el mes de enero de 2004— los robos eran cometidos por una sola pareja de rumanos, que elegía estaciones suburbanas poco vigiladas y provistas de fáciles caminos de escape. Pero desde entonces los grupos operativos han crecido y ahora se calcula que existen cinco bandas en actividad, todas ellas integradas por rumanos. Ante el diluvio general de inmigrantes y sobre todo ante los extremos de violencia que se anotan, el Estado español ha resuelto tomar ciertas medidas: habrá más vigilancia para sectores sociales provenientes de la Europa del Este, que se encuentran mayormente afincados en las grandes ciudades de España, y habrá además un "blindaje" de las costas meridionales de la península, así como de las Islas Canarias y el enclave de Ceuta, aportándose más lanchas patrulleras, más aparatos de radar, más efectivos y hasta más helicópteros, de manera de hacer frente a la marejada de inmigrantes ilegales que llegan diariamente por esas vías marítimas.

EL imán que la rica Europa de hoy ejerce sobre la población de regiones más desamparadas del planeta (empezando por el Magreb, pero incluyendo el Africa subsahariana, varios países latinoamericanos y otros asiáticos) tiene dos caras, igual que las monedas: de un lado se invoca la solidaridad con gente desvalida que tiene pocas —o ninguna— opciones en su vida. Por otro lado se toma en cuenta la alarma de sociedades europeas cuya vida (y márgenes de seguridad o de armonía social) han sido descalabrados por la llegada masiva de esos extranjeros. Este planeta no es un mundo fácil para la convivencia.

El personal del transporte de Montevideo hace lo que le viene bien y no se atiene a las ordenanzas existentes. Los más de 6.000 trabajadores del mismo, sean guardas, inspectores o conductores, no tienen claras las reglas de juego.

Nadie controla.

El usuario se siente muchas veces desprotegido pues la autoridad no asume responsabilidades. Los horarios no se cumplen, los recorridos tampoco, la música aturde y si es de noche, las tinieblas se apoderan del interior de las unidades. Ni chistar por esto, tan solo se puede hacer para llamar la atención y pedir para bajarse.

Los trabajadores transgreden reglas de convivencia pero resultan impunes. Fuman, toman mate y hasta retan y maltratan a los pasajeros.

Ante esto la Intendencia se mantiene en silencio. Hace 15 años que quien controla es siempre el mismo jerarca, no abre la boca ni aplica sanciones ante violaciones de las normas muy claras y comprobadas. Dicen que esperan denuncias y cuando estas llegan nunca pasa nada.

La máxima demostración anárquica del transporte se presentó previa y posteriormente a las recientes elecciones. Banderas, bocinas e ignorancia de las ordenanzas fueron una constante por todos registrada.