OSE asegura provisión del servicio de agua en lugar de los privados

El pesidente de OSE Carlos Rodríguez Landoni, aseguró ayer a El País que el ente está en condiciones de tomar el control de las empresas privadas que suministran servicio de agua potable, lo que implicará absorver 60 mil nuevas conexiones.

Paralelamente el grupo blanco Alianza Nacional es contrario a participar de la comisión especial que el Poder Ejecutivo resolvió formar para analizar las consecuencias de la reforma constitucional del agua, en tanto, que el presidente electo, Tabaré Vázquez, reiteró ayer tras reunirse con Jorge Batlle que este tema es responsabilidad del actual gobierno.

El martes, las consecuencias de la reforma constitucional del agua sobre las concesiones vigentes en servicios de agua potable y saneamiento, se llevaron buena parte de la discusión en la sesión del Consejo de Ministros.

Allí, el gobierno decidió invitar a las autoridades electas y al ex candidato nacionalista, Jorge Larrañaga, para que participen del grupo de trabajo, que presidirá el abogado Elías Bluth.

Luego de la reunión ministerial, el secretario de la Presidencia, Raúl Lago, dijo que el Ejecutivo se tomará su tiempo para resolver el tema, pero aseguró que el servicio de agua potable y saneamiento en Maldonado "está asegurado con Uragua o sin Uragua".

BLANCOS NO. El electo diputado por la lista 2004, Javier García, adelantó ayer a El País que Alianza Nacional está en contra de que el Partido Nacional forme parte de la comisión que se propone formar el Poder Ejecutivo.

También aseguró que la posición de su sector fue "expresada en la campaña electoral", cuando "aseguramos que los efectos de la norma no eran retroactivos".

"Hay un problema y dos gobiernos. Uno en funciones, que va a gobernar hasta el 28 de febrero, y un gobierno electo. Así que para un problema tenemos dos gobiernos y todavía se quiere crear una comisión. Me parece que hay que ser más eficaz y resolver un problema que no es político, es técnico", opinó.

También fue consultado sobre las expresiones del ministro de Vivienda, Saúl Irureta, quien había declarado que "los que nos metieron en el baile tienen que aportar", aludiendo a los sectores políticos que apoyaron la papeleta del SI.

En este caso, García prefirió no contestarle directamente. "No me gustaría contestarle al ministro. Lo que tiene que valorar todo dirigente político es que los mandatos de la ciudadanía no deben opinarse, deben respetarse. Y aquí hay un mandato de casi 70% de la ciudadanía", sostuvo.

También ayer, Irureta volvió a demandar que los sectores que promovieron la reforma constitucional sobre el agua y saneamiento participen en la búsqueda de una solución al problema que se ha generado.

"El que salió primero y el que salió segundo ensobraron la papeleta (del SI), es decir que estaban absolutamente seguros de que esto era bueno para el país. Entonces, supongo que habrán previsto cómo se solucionan los problemas que provienen de la aprobación de esta reforma constitucional. Ahora, la responsabilidad no es solo de esos partidos, porque más de la mitad de la población votó esa reforma", afirmó el secretario de Estado.

LA OSE. En tanto, el presidente de OSE, Rodríguez Landoni, dijo que el ente está en condiciones de tomar el control de las empresas privadas que hoy proveen de servicio de agua potable, pero admitió que ello implicará absorber 60.000 nuevas conexiones, "lo que nos generará un problema financiero que el Poder Ejecutivo se ha comprometido a financiar".

Por otro lado, Rodríguez Landoni estimó que la dilucidación del futuro del saneamiento de Maldonado quedará para el mes de marzo.

El directorio del organismo se reunirá mañana para estudiar la situación. El directorio encargó distintos informes a las diferentes gerencias respecto al estado de situación y ordenó la revisión de algunas instalaciones.

Uragua pagó ayer la duodécima parte del canon anual que debe desembolsar antes del día 10 de cada mes a favor de OSE según lo establece el contrato firmado entre ambas partes el 4 de agosto del año 2000.

Se trata del primer pago correspondiente a los cinco años de la concesión y que asciende a U$S 616.666 mensuales de un total de U$S 7.400.000 previsto para el período que arrancó el pasado 1° de octubre.

Incluido este pago, hasta el momento y desde el 1° de octubre del año 2000 —cuando la empresa se hizo cargo de la concesión—, Uragua lleva pagados unos U$S 16.000.000.

Esta suma es empleada por OSE para amortizar el préstamo por más de U$S 50.000.000 que obtuvo en su momento para la construcción de la red de agua potable de Maldonado.

El contrato estableció para el primer año de la concesión un canon de U$S 2.000.000, de U$S 3.000.000 para el segundo, U$S 5.200.000 anuales para el tercero y cuarto año.

En tanto, entre el quinto y el décimo año el canon anual ascenderá a los U$S 7.400.000 pagaderos en doce cuotas consecutivas.

El undécimo pasará a U$S 15.000.000 y así sucesivamente hasta llegar al año treinta de la concesión donde la empresa debería pagar U$S 30.000.000.

La solución a la polémica por la aprobación de la reforma constitucional del agua pasa por la creación de una ley interpretativa para decidir si las concesiones efectivamente caen, dijo a El País el abogado Daniel Hugo Martins.

El especialista entiende que, en principio, las concesiones otorgadas a Uragua y Aguas de la Costa no deberían caer: "La reforma dice que el abastecimiento de agua potable deberá ser prestado por el Estado, pero no indica que las concesiones vigentes quedarán sin efecto. Un principio del derecho general es que se respete el derecho adquirido, y entonces si no hay un texto expreso que diga que las concesiones queden sin efecto, continuarían".

Martins afirmó que, en el caso que se decida que las concesiones deban ser derogadas, OSE tendrá que rescindir los contratos. "Lo puede hacer por sí, pero la parte puede recurrir al tribunal de lo contencioso administrativo y a los tribunales internacionales", explicó.

El especialista entiende que la reforma entrará en vigencia inmediatamente después que quede firme la declaración de la Corte Electoral. Para eso, deben pasar cinco días desde el momento en que se dictó la resolución (lo cual sucedió el lunes), plazo en el cual los partidos pueden interponer recursos. Eso es lo que indica la ley de elecciones, pero Martins aclaró que la reforma tampoco entra en vigencia sin previa publicación en el Diario Oficial.