Juicio político al presidente de Ecuador cuestiona la Constitución

Quito - El juicio político de la oposición para destituir al presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, ha generado un laberinto jurídico en el que ya ha empezado a cuestionarse, incluso, la coherencia de las normas que establece la Constitución del país.

Por vez primera en la historia democrática de Ecuador, cuatro partidos de la oposición han invocado el artículo 167 de la Constitución para intentar destituir al presidente de la República por presuntos delitos de peculado (malversación de fondos públicos), cohecho y atentar contra la seguridad del Estado.

Para hoy se espera que el Parlamento unicameral ecuatoriano, integrado por cien congresistas, nombre una comisión especialísima que determinará la solidez de las acusaciones vertidas contra Gutiérrez en el plazo de cinco días.

Si 51 congresistas consideran que Gutiérrez ha conculcado esa normativa constitucional se dará paso a una moción de censura, que deberá contar con el apoyo de un mínimo de 67 diputados para concretar la destitución de Gutiérrez.

Este proceso pude durar, según analistas políticos, entre 30 y 40 días, pero mientras tanto Gutiérrez ha puesto en pie de guerra todo un ejército de juristas que tratan de interpretar la normativa constitucional y apelan al principio de la "presunción de inocencia".

José Guerrero Bermúdez, abogado defensor de Lucio Gutiérrez, aseguró hoy que el intento de juicio político "está viciado por normas que son totalmente inaplicables por ser inconstitucionales".

Ante la falta de una sentencia dictada por un juez competente, se presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutorial , argumentó Bermúdez apelando al artículo 24 de la Constitución.

No obstante, el jurista reconoció que la excepción del artículo 130, numeral 9, sobre el juicio político al presidente establece que no será necesario enjuiciamiento penal para iniciar el proceso".

Ante esta contraposición de normativas del mismo rango, Bermúdez sugiere que el Congreso debería votar para determinar cuál de ellas tiene vigencia y proceder a reformar la Constitución, de tal manera que no haya lugar a interpretaciones.

Pero el abogado de Gutiérrez fue más lejos e hizo una valoración política de la crisis al afirmar que el líder del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero, es quien encabeza "una confabulación que provoca la inestabilidad del país y hace que Ecuador pierda credibilidad a nivel continental y mundial".

La cuestión de la imagen internacional del país es, en efecto, un argumento que repiten constantemente unos y otros, y que causó una polémica a nivel nacional cuando el canciller ecuatoriano, Patricio Zuquilanda, expuso la situación de su país en la reciente cumbre del Grupo de Río.

Incluso en el seno del gobierno algunos ministros expresaron su disgusto por la actitud de pedir ayuda a la comunidad internacional para resolver "una situación de índole estrictamente interna que deben solucionar por sí mismos los ecuatorianos".

Uno de los más críticos, el ministro del Interior, Raúl Baca, presentó ayer, lunes, la dimisión y fue sustituido por el abogado y editorialista Jaime Damerval, en un movimiento que diversos analistas consideran una estrategia de Gutiérrez de diversificar el gabinete para consolidar su base de apoyo.

El propio Baca se refirió hoy a la necesidad de someterse a las normas legales vigentes , pero al mismo tiempo se quejó de que lamentablemente las propias normas son confusas a ratos y presentan problemas para su claro entendimiento.

Mientras, el vicepresidente de la República, Alfredo Palacio, que es considerado como el sustituto lógico si Gutiérrez es destituido, aseguró hoy en Guayaquil que no ha mantenido conversaciones con ningún sector del Gobierno ni de la oposición.

EFE