La experiencia enseña que los médicos —más allá del respeto natural de la noble profesión—si para algo no tienen predisposición especial es para la administración. Al menos de los asuntos de interés común, porque los hay que han sabido ser empresarios y cultivar buenos negocios, para sí y con particular condescendencia para el entorno familiar. Realidad ésta a la que hay más de un gallo que canta.
Preguntárselo es responderlo.
¿Cuántos médicos en la historia que conocemos han sido gobernantes de fuste? Sus aportes a la ciencia ciertos o inciertos son otra cosa, pero es indudable que empresarios, oficiales de carrera, abogados, economistas, contadores y otros seres humanos provenientes de las experiencias más diversas han dejado su impronta registrada en la gestión de las cuestiones generales, no así quienes por formación apuntan el sentido de la inteligencia y la conducta a un tema muy noble y puntual: la sobrevivencia efectiva de la especie (que no es inhibitoria de la salud del propio bolsillo).
De los acontecimientos más deplorables que registra nuestra democracia, en términos de ocultamiento de la realidad y de escondida al derecho de los ciudadanos a conocer qué se hace con su dinero, se registra el manejo del subsidio al boleto llevado adelante por la administración Vázquez.
El Tribunal de Cuentas, que realizó una auditoría, que alcanzó sus conclusiones respecto de un subsidio manejado por los frentistas entre gallos y media noches, supo saber que la mayoría regimentada del neocomunismo pedía que los ministros del órgano mencionado, fuesen destituidos por medio del mandato constitucional, que respecto de los funcionarios públicos admite la hipótesis, por omisión, ineptitud o delito, previo sumario y venia de la Asamblea General. La Administración Vázquez, con la mayoría automática de la Junta Departamental, no se preocupaba por la cristalinidad en el manejo de los fondos municipales, sino que le molestaba que hubiese un control objetivo del manejo de la recaudación, elevada hasta el abuso, repartida entre amigos y decían entre otras cosas, apuntando a la baja de un boleto que no sólo no bajó sino que viaja rumbo a Marte con alguna sonda espacial de compañía.
Hablamos de un subsidio de decenas de millones de dólares, que llegó parcialmente a destinarse ¡al pago del gas-oil de los trolley-buses eléctricos! Respecto de lo cual en el colmo del caradurismo los frentistas llegaron a promover una denuncia penal contra el Tribunal de Cuentas.
Con los subsidios a los cargos de confianza la hipocresía se conjugó igual. Para gente de trabajo si no hubiese un subsidio que le permita recomponer la vida al cierre del período en que ocupó un cargo de gobierno, sólo los ricos podrían dedicarse a la función pública. En el pasado habían jubilaciones anticipadas de privilegio que hace tiempo fueron suprimidas. Si al cierre de una gestión de gobierno el titular de un cargo no tiene derecho a pasividad, el sistema legal le acuerda un subsidio temporario, ubicado en el 85% de la retribución que percibe como funcionario público. Si no fuese así, sólo los ladrones y secuestradores y los ricos podrían ejercer el gobierno nacional o departamental. Durante el último gobierno nacionalista, los grandes hipócritas hicieron escándalo público porque el subsidio era de tres años. "No debe ser más de los seis meses que cubre a un obrero el seguro de paro", proclamaban demagógicamente a diestra y siniestra. Cuando el período de gobierno se cerró en marzo de 1995, como muchos de ellos no iban a permanecer en la actividad pública, otra vez, en la oscuridad, levantaron la mano en el Parlamento y cobraron su subsidio de tres años como el mejor.
Con el cuento del boleto ya nos hicieron boleta. Hay que parar la mano con la demagogia y la mentira.