Universidad no toma posición en la reforma del agua

LOURDES FERNANDEZ

El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República resolvió el martes no pronunciarse formalmente ni a favor ni en contra del plebiscito que propone una reforma constitucional por la cual se declarará de exclusiva competencia del Estado los servicios de agua y saneamiento.

En cambio, se decidió hacer público un comunicado en el cual se planteará la importancia del agua como recurso "imprescindible".

La resolución cerró el paso a una propuesta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), que planteaba que la casa de estudios diera su respaldo a la iniciativa.

La postura surgió luego de casi cuatro horas de discusión, tras las cuales se designó una comisión para redactar el comunicado.

DIVISION. Desde un principio las opiniones estuvieron divididas entre declarar a la Universidad a favor del proyecto de reforma constitucional o informar a la población sobre la importancia de los recursos hídricos para que la ciudadanía decida.

La Facultad de Ciencias, la FEUU y la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) estaban de acuerdo sobre la necesidad de manifestarse explícitamente a favor de la reforma del agua.

En cambio, el rector Rafael Guarga, el orden de egresados, y los decanos de varias facultades expresaron en diferentes oportunidades que la obligación de la institución es "informar y no decidir por la ciudadanía".

El comunicado propuesto por la FEUU, que no fue aprobado por mayoría, pedía que se considerara que el proyecto de reforma que será plebiscitado el 31 de octubre, "tiene en cuenta los conceptos necesarios para asegurar una gestión sustentable, democrática, solidaria y participativa de los recursos hídricos del Uruguay y tiene como ejes básicos el hecho de que el agua es un recurso básico para la vida, por esos motivos el Consejo Directivo Central se manifiesta a favor del mencionado proyecto".

Los consejeros de la FEUU plantearon el tema hace dos meses pero la resolución del Consejo venía siendo postergada por distintas razones.

DECLARACION. El texto de la declaración que dará a conocer la Universidad, establece que en Uruguay "ha existido siempre un imaginario colectivo sobre la abundancia del agua en el país debido a la disponibilidad de la misma en casi todo el territorio nacional, ya sea como recursos hídricos superficiales o subterráneos. Esta situación condujo a la utilización del agua casi sin límites para el consumo domiciliario y para el desarrollo de diferentes actividades económica".

Agrega que "en nuestro país el acceso al agua potable es considerado socialmente como un derecho fundamental, asociado a la relativa facilidad con la cual la mayoría de la población urbana se conectó a la red de agua potable (...) Así el agua se concibe culturalmente como un bien común y no escaso".

"A escala mundial, sin embargo, existen tendencias de privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable, la cual pasa a ser considerada como mercancía y su gestión queda en manos de las empresas transnacionales", añade.

Finalmente señala que el plebiscito sobre la propuesta de reforma constitucional respecto a los servicios de agua y saneamiento, "estimula a la reflexión colectiva" sobre la importancia del agua, por lo que se resuelve que es necesario realizar "un manejo sustentable de los recursos hídricos que asegure el acceso al agua potable a las actuales y futuras generaciones".

Para que la reforma constitucional sobre los servicios de agua y saneamiento sea aprobada, los promotores de la consulta tienen cifradas esperanzas que los partidos y sectores que la respaldan —el Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) y la Alianza Nacional—, ensobren las papeletas y así obtener los 1.300.000 votos que serían necesarios.

Sin embargo, el miércoles, al hablar ante integrantes de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Marketing, el candidato blanco Jorge Larrañaga volvió a tomar distancia de algunos de los planteos de la comisión que promueve la consulta, y aseguró que las concesiones no caerán ya que el efecto no será retroactivo.

Por otro lado, la reforma cuenta con una decidida oposición de todo el Partido Colorado y del Herrerismo, sectores que han alertado sobre los efectos nocivos de la iniciativa. El postulante colorado, Guillermo Stirling, ha advertido que la reforma constituye uno de los "mensajes más negativos" hacia los inversores.

"El eje de la declaración del CDC debe ser la de la facultad de ciencias donde existe un apoyo explícito a la reforma", delegado de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU).

"Esta institución tiene la obligación de expresarse sobre la reforma, se trata de asesorar a toda la población. La Universidad debe informar pero además opinar sobre el tema", delegado de FEUU.

"La Universidad tiene la obligación de pronunciarse. Hemos sido consultados por el Parlamento y por eso debemos opinar. El candidato del Partido Nacional y del Encuentro Progresista apoyan la reforma, por lo que no se podría asociar nuestra declaración a favor de ningún sector político", decano de Facultad de Arquitectura, Salvador Schelotto.

"La Universidad no debe decidir por la población. En general, existe un alto nivel de desinformación por parte de la población, por lo que la institución debe informar y promover una actitud reflexiva y autónoma", decano de Facultad de Psicología, Víctor Giorgi.

"El ciudadano debe estar informado y la Universidad debe mejorar el nivel de información, tal como lo establece la Ley orgánica", decano de Facultad de Economía, Miguel Angel Galmés.

"La Universidad debe colaborar con el esclarecimiento de este tema y no influir. El proyecto será sometido a la ciudadanía, no a juicio de la Universidad", expresó un representante del orden de egresados.

"Estamos a favor de la declaración de la Facultad de Ciencias. Debemos emitir una opinión, siempre siendo cuidadosos en los términos", declaración del Orden Docente.