Destituciones y sumarios en el Iname por maltrato a menores

Las autoridades del Instituto Nacional del Menor (Iname) informaron en el Parlamento que desde el año 2000 hubo varios casos de "malos tratos" a menores internados en la Colonia Berro, pero no "torturas". A consecuencia de esta situación, se aplicaron sanciones de diverso tipo a 33 funcionarios, cinco de los cuales resultaron finalmente destituidos. De las faltas constatadas, en 26 de los casos se comprobó la comisión de malos tratos, admitió el presidente del organismo, Fernando Repetto. A algunos funcionarios "se les fue la mano, han golpeado algún menor o tomado una actitud que no corresponde", admitió el jerarca.

Una nutrida delegación del Iname y otros centros correccionales bajo su égida, a cuyo frente estuvo el ministro Leonardo Guzmán, informó ayer durante varias horas a la comisión de Educación y Cultura de Diputados sobre los últimos sucesos denunciados por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las medidas adoptadas en consecuencia.

Los legisladores blancos y frenteamplistas quedaron relativamente conformes con la información recibida. Reclamaron a Repetto la instalación inmediata de una auditoría externa —preferentemente privada— que indague sobre los mecanismos técnicos que se aplican en las dependencias del Instituto de Rehabilitación Juvenil (Interj). Pero insistieron en la necesidad de fijar responsabilidades que, en caso de concretarse, recaerían sobre las autoridades del Iname, dijo a El País el diputado José Carlos Mahía, que promovió la reunión.

El gobierno se comprometió, asimismo, a aportar adicionalmente por mes $ 1 millón a la Berro, gracias a una gestión que en el transcurso de la reunión de ayer realizó la diputada quincista Glenda Rondán ante el propio ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie.

Blancos y frenteamplistas dijeron en la comisión que les "sorprendió" esa decisión del gobierno.

DESTITUCIONES. Repetto informó a los legisladores que ni el Iname ni la Justicia comprobaron la existencia de "rastros" como consecuencia de los malos tratos y que, debido a ello, se aplicaron observaciones, sumarios, suspensiones de hasta seis meses y finalmente destituciones a los responsables. "Hay por lo menos cinco destituciones, más otros funcionarios que fueron suspendidos y luego se les siguió el trámite por abandono del cargo; hay otros con licencia mientras se dirimen las actuaciones tanto en la Justicia penal como en lo administrativo", explicó Repetto.

Rondán defendió al directorio del Iname diciendo que sus propios integrantes fueron quienes formularon las denuncias penales sobre estos casos. Y dijo que el director del Interj, Sergio Miglioratta, es un "trabajador serio" y responsablemente cumple con su función.

Pero la diputada nacionalista Beatriz Argimón, que se manifestó disconforme con el resultado del informe, dijo que hay "muchos nombres" de funcionarios que "se repiten" en las denuncias radicadas en la sede penal.

Los invitados expusieron ante la comisión una serie de documentos sobre las medidas tomadas, como sumarios, traslados y separación de funcionarios, para que se pudieran realizar las investigaciones internas.

Legisladores frenteamplistas presentaron en la reunión una circular del Iname de setiembre de 2003 en la cual las autoridades precisan que no se deben cometer torturas contra los internos, ni permitir los métodos conocidos como "cinco minutos" (lapso de golpes continuos entre los menores) y el encierro por 24 horas de personas en habitaciones a oscuras y desnudos. Repetto explicó entonces que esa circular se publicó "frente a los rumores" y a las "denuncias" de malos tratos, pero precisó que después de investigados los casos ni la Justicia ni el propio hogar detectó "rastros" de torturas.

Pero el jerarca subrayó que "es posible la rehabilitación" de los internados. Dijo que hay logros importantísimos. Informó que en el Servicio de Evaluación y Rehabilitación (SER), que está en la Colonia Berro, había 108 internos cuando esta administración asumió y que ahora hay 27 gracias a que muchos de ellos fueron mejorando su actitud.

El ministro Guzmán reiteró en la comisión que en la Colonia comprobó que hay hacinamiento y situaciones similares a las de una cárcel.

Funcionarios del Instituto SER de la Colonia Berro declararon ayer en el Juzgado de Pando, tras haber sido acusados por menores internados de haber ingresado drogas a ese establecimiento de máxima seguridad, indicaron a El País altas fuentes judiciales.

Ayer también fue interrogado por este tema un director de dicho organismo, quien posteriormente fue trasladado al centro policlínico de la Colonia Berro luego que comenzara a investigar las denuncias efectuadas por los internados.

Los intentos para ingresar drogas en la Colonia Berro son frecuentes, expresaron a El País fuentes del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj).

Generalmente estas ocurren durante los horarios de la visita, aunque las acusaciones ahora también apuntan a algunos funcionarios del instituto. Durante el 2003, el promedio de requisa de estupefacientes fue de una cada tres fines de semana, ya que las visitas se realizan durante un solo día.

Para evitar el ingreso de drogas en los hogares, se creó en la Colonia Berro dos sistemas de requisas exhaustivas

Las fuentes del Juzgado de Pando mencionaron que tanto funcionarios como los menores coincidieron en que existían los "cinco minutos", es decir, un plazo solicitado por los menores a sus guardias para "pegarse a su antojo" y sin que estos intervengan en las rencillas.

"La guardia permitía esa práctica. Los menores solucionan de esa manera diferencias entre ellos. A veces, estas se arrastran desde que están en libertad y viviendo en barrios marginales", dijo una fuente del Iname.