La Policía vigila liceos de varios barrios anteacoso y robo a alumnos

El Ministerio del Interior implementó un sistema de vigilancia especial en torno a determinados liceos públicos y privados de varias zonas de Montevideo, al establecer que hay "grupos de personas" que están "siempre cerca" de los estudiantes "molestando y robando" sus pertenencias, anunció el ministro Daniel Borrelli ante una comisión legislativa.

El jerarca, acompañado por el jefe de Policía de Montevideo, Nelson Rodríguez Rienzo, informó a la comisión de Educación y Cultura de Diputados sobre las alternativas de este nuevo mecanismo de vigilancia, derivado de la detección de "conflictividad" cerca de varios centros educativos en los barrios de Maroñas, Carrasco y otros liceos próximos a General Flores y Aparicio Saravia.

En el curso de la reunión, a la que asistieron a pedido de la diputada de la Lista 15 Glenda Rondán, Rodríguez Rienzo dijo que "todos los liceos de Montevideo tienen problemas" de esa clase.

EDUCACION SEGURA. Asimismo, las autoridades ministeriales anunciaron a los legisladores que tienen pronto un plan denominado "Educación Segura", destinado a reducir la violencia juvenil, promover la seguridad en los niños y mejorar la relación entre el policía y los adolescentes.

Este plan, según pudo saber El País, será desarrollado por el policía de proximidad, división que se está preparando a esos efectos, para realizar charlas y talleres con profesores, maestros, padres y alumnos de los centros educativos de preescolares, escolares y enseñanza media.

La idea central es "prevenir el abuso de drogas y reducir la violencia juvenil", señala el documento entregado a los legisladores.

En ese marco, en el plan aludido se llega a la conclusión de que "la responsabilidad de un crimen cometido por menores recae tanto en los padres, centros de enseñanza, servicios sociales, como en la capacidad de la policía para ser efectiva en su prevención".

Según el plan, las charlas que brindará el policía "se deberán tomar en cuenta dentro de la currícula del centro de enseñanza. El fin es que el policía se convierta en el referente del alumno" inclusive para posibles situaciones futuras.

Algunos legisladores, como la propia Rondán o la nacionalista Beatriz Argimón, le expresaron a las autoridades ministeriales que el plan debió ser consultado con las autoridades de la Enseñanza.

La comisión convocará ahora al director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del Instituto Nacional del Menor (Iname), Sergio Miglioratta para dialogar sobre la situación.

DEUDA. Borrelli dijo que el Consejo de Educación Secundaria adeuda en estos momentos unos $ 18 millones a la policía por concepto de servicios "222" prestados, situación que indicó que complica el desempeño de la fuerza.

En el curso de su informe a los legisladores, el ministro Borrelli reconoció además que en la actualidad hay 605.000 armas de puño en manos de la población, ajustando así las cifras conocidas recientemente. El ministro llegó a admitir una posible "responsabilidad moral" en el caso de la menor baleada, frente a la posibilidad de que su familia le entable juicio a la cartera, pero dijo que es muy difícil que se pueda probar una eventual responsabilidad patrimonial en el caso. Borrelli dijo que frente a estos hechos la prevención es fundamental, en lo que coincidió con los legisladores, y aclaró que "después el Ministerio tiene que salir a apagar el incendio".

El ministro estimó que la presencia policial no hubiera impedido el hecho porque ocurrió en el interior del centro de enseñanza y que los agentes del orden "tampoco revisan de armas a los alumnos".

El año pasado varios centros de enseñanza denunciaron problemas de seguridad. Robos de electrodomésticos, equipamiento informático y hasta saqueos tuvieron lugar en escuelas, liceos y centros de UTU. También denunciaron robos en la puerta y venta de drogas en las inmediaciones.

En Secundaria la sensación de inseguridad en varios liceos desencadenó paros por parte de los docentes en reclamo de la reincorporación del servicio 222.

Los liceos más afectados por la falta de seguridad en el 2003 según las denuncias presentadas fueron el 11 del Cerro, el 13 de Maroñas el 50 y el 41, además del 60 que está próximo al barrio 40 semanas.