Tanto en el Poder Legislativo como en el ámbito judicial tuvo buena receptividad la decisión de la Cámara de Representantes de dar lo que se considera como un primer paso para limitar la reserva de los presumarios judiciales, a través de la modificacion de una norma vigente originalmente desde 1878 y que resultó ratificada en 1981 por el Código del Proceso Penal.
El proyecto de ley votado por unanimidad en la cámaba baja establece que antes de que una persona detenida preste la primera declaración se le intimará la designación de un defensor, con el fin de que se tenga acceso al expediente durante la instrucción del presumario y, en tal caso, su defensa pueda proponer pruebas e interrogar a testigos. Hasta hoy, esa misma persona acusada de un delito solamente puede acceder a un abogado a partir del momento en que se decida su procesamiento. Y la presentación de pruebas y consulta a testigos está reservada hoy solamente al juez y al fiscal.
Aunque reconoció que no había leído el texto del proyecto de ley, el especialista en Derecho Constitucional Daniel Ochs comentó a El País que con esta iniciativa "se suprime una práctica horrorosa" donde el indagado no tiene posibilidad de fiscalizar la prueba que se pruduce en su contra, como tampoco tiene posibilidades de actuar el defensor.
Ochs subrayó que en las Constituciones modernas siempre se garantiza desde la etapa de detención policial la posibilidad de estar asistido por abogados. Para el abogado, esta medida significa "adecuarse a lo que dice la Constitución interpretada razonablemente".
COINCIDENCIA. La opinión de los legisladores fue coincidente con la de los técnicos. El diputado frenteamplista Jorge Orrico explicó a El País que este proyecto de ley dispone la publicidad de las actuaciones presumariales una vez transcurrido un año del inicio de las mismas. "Se procura racionalizar situaciones que, en la práctica, lesionan los derechos de las personas a estar informadas de actuaciones en que son protagonistas. El secreto puede conducir a abusos, entonces hay que procurar evitarlo", dijo Orrico.
A su vez, el representante quincista Jorge Barrera sostuvo a El País que este es uno de los proyectos más importantes que la Cámara ha tratado "porque hace a los derechos humanos y a las garantías individuales". Y añadió que "la aprobación de este proyecto hace al Estado de derecho". "Este proyecto asegura cristalinidad, transparencia y la igualdad de todas las personas ante el proceso penal", aseguró Barrera.