Huelga de policía brasileña continúa y se radicalizan posiciones

BRASIL - La huelga de la Policía Federal (PF) brasileña completó hoy 17 días en medio de una radicalización de posiciones, debido a la decisión del gobierno de que funcionarios civiles realicen algunas funciones policiales para descongestionar los aeropuertos y la amenaza de destitución a los huelguistas.

"Esa decisión indignó al personal y ahora la huelga se cumple en un 90%", declaró a la AFP el presidente de la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapef), Francisco Garisto, quien además desestimó la amenaza de destitución proferida por el director general de la PF, Paulo Lacerda.

Ayer Lacerda envió un memorando a todas los jefes de la institución policial en los Estados instruyéndolos sobre las posibles acciones que pueden adoptar contra los agentes que cumplen "actividades escenciales" y que se sumen a la huelga.

"No pueden destituir a nadie porque la huelga es un derecho constitucional; eso es una brabata del director" (de la PF); nadie está preocupado por eso", dijo Garisto.

Además recordó que el propio ministro de Justicia, Thomaz Bastos, de cuya cartera depende la PF, desde el inicio de la huelga, reconoció públicamente ese derecho.

Respecto a la determinación del gobierno, también adoptada el miércoles, de que funcionarios de la estatal Empresa Brasileña de Infraestructura Brasileña (Infraero, encargada de la administración de los aeropuertos) colaboren con la PF en las funciones de fiscalización en los terminales aéreos, la calificó como una violación a la ley.

"Es una usurpación de funciones y no vamos a permitirlo, si esos funcionarios se presentan para reemplazarnos, vamos a detenerlos", advirtió Garisto.

La medida fue tomada para tratar de descongestionar los aeropuertos debido a que los policías en huelga decidieron aplicar la denominada "operaración reglamento", que en la práctica se constituye en una "operación tortuga" que ha generado largas colas de pasajeros y retrasos de más cuatro horas en los itinerarios de los vuelos.

La Fenapef demandó la decisión gubernamental ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Por su parte, una vocero de Infraero confirmó a la AFP que esa medida aún no ha sido implementada, y puntualizó que no se trata de que el personal de la institución reemplace a los agentes de la PF encargados del control migratorio, sino de "cooperar en trabajos conjuntos".

El presidente de la Fenapef además reiteró el rechazo al aumento salarial del 10% ofrecido por el gobierno e insisitió en que lo que ellos exigen es el cumplimiento de una ley aprobada en 1996, que aseguran, otorga a los agentes, personal administrativo y dactilocopistas, una elevación de sus salarios de 35% en promedio.

El ministro de Justicia considera ilegales e inconstitucionales las demandas de los policías, y afirma que el aumento promedio sería de 85,4%, con lo cual el impacto financiero del reajuste salarial exigido supondría un gasto para el Estado de 600 millones de reales anuales (más de 200 millones de dólares).

AFP