Los tres hermanos involucrados en el caso de pornografía infantil recobraron la libertad luego que el juez Gerardo Peduzzi no hallara pruebas en su contra. Al no aparecer las cintas de video en las que se registraron las imágenes de las menores mientras mantenían relaciones sexuales, no surgieron otros elementos incriminatorios más allá de testimonios recabados durante la investigación. Las menores y sus familiares, indicaron a El País fuentes policiales, recibieron amenazas y conminaciones a no declarar ante la Justicia, por lo que se hallaban atemorizadas.
Sin embargo, el caso no quedó allí para los detectives del Distrito de la Costa que a última hora de la tarde de ayer practicó otro allanamiento, en esta ocasión en la vivienda de un empleado del video club.
El objeto de esta inspección era hallar las cintas que podrían ser prueba clave en el caso. Sin embargo las cintas tampoco aparecieron en esta vivienda, y no se descarta que hayan sido destruidas por los responsables al saber que las autoridades buscaban estos elementos.
Fuentes de la investigación, tanto en la órbita judicial como policial, señalaron a El País que más allá de los resultados el caso no se cierra en esta instancia. Indicaron que al vencerse las 48 horas del plazo de las detenciones practicadas en la tarde del miércoles, el tiempo no había sido suficiente para recabar pruebas. No obstante, hay tres aspectos en los que el equipo de detectives continúa trabajando.
PISTAS. En el primer allanamiento al video club de la calle Carlos Nery los detectives policiales incautaron casi un millar de video casetes de contenidos pornográfico que enviaron al Juzgado Letrado en lo Penal de 15to. Turno como prueba. También se incautó una cantidad de marihuana, entre otros elementos, aspecto que ahora es considerado a nivel judicial para determinar si la sustancia era de consumo personal o para su comercialización.
En el curso de la investigación policial previa se había establecido que las menores que habían sido inducidas a participar en sesiones de sexo grupal que eran filmadas, lo habían hecho bajo los efectos de narcóticos. En este sentido prestaron sus testimonios las menores en la sede judicial.
El otro aspecto al que los investigadores comenzaron a prestar atención tiene que ver con la posible difusión de las imágenes a través de Internet. En un segundo allanamiento practicado al video club de Jardines del Hipódromo peritos de Policía Técnica comenzaron a investigar dos computadoras que se hallaban en el local, una de las que tenía enlace con la red. Si bien este último extremo no prueba nada, se pretende establecer si desde allí se enviaron fotos o filmaciones a algunos de los sitios de pornografía que desde hace más de un año se vienen investigando a nivel internacional a través de Interpol, tanto en Europa como en América Latina.
La tercera clave del caso son las cintas donde habrían quedado registradas las menores durante los actos sexuales y que serían determinantes para establecer responsabilidades penales.
PRESIONES. Fuentes policiales indicaron a El País que varias de las menores indagadas en relación al caso recibieron presiones, concretamente amenazas de muerte por parte de personas supuestamente allegadas a los indagados.
También este aspecto es investigado ahora por los detectives del Distrito de la Costa que tienen por delante un complejo caso del que esperan conseguir resultados en el corto plazo.
Fiscal: "El caso no está cerrado"
La fiscal Dora Domenech explicó a El País que la libertad dada a los tres detenidos por la pornografía infantil no significa que el caso esté cerrado. "Se formó un presumario y se sigue investigando, pero se venció el plazo legal para mantenerlos detenidos y al no encontrar las pruebas suficientes tuvimos que darles la libertad".
Domenech dijo que en estas 48 horas en que los indagados estuvieron detenidos debido a la gravedad de los hechos hicieron "lo humanamente posible" para buscar las pruebas. Agregó que todo el equipo trabajó "en forma responsable", pero no se encontró la configuración de ningún delito.
Domenech afirmó que entre los videos incautados no hubo uno sólo en el que aparecieran las menores sino que se trató de copias de videos comerciales.
Tampoco se pudo probar la existencia de relaciones sexuales con violencia. Una modificación del Código Penal bajó de 15 a 12 años la edad de los menores para configurar el delito de violación automática, sin importar el consentimiento de la víctima. A ello se suma que las declaraciones aportadas por todas las presuntas víctimas que declararon con sus madres, son difusas y poco precisas.
"No somos insensibles, ni omisos", dijo la fiscal quien señaló que reunieron a los padres para explicarle todo el trabajo realizado "aunque nos da la impresión que no comprendieron".
Con respecto a la marihuana encontrada los magistrados esperan las pericias realizadas.