Bolivia fracturada, pero no por el gas

La "guerra del gas" declarada por la oposición y los sindicatos contra el gobierno no es la causa, sino la manifestación más cruenta de la profunda división que como una falla geológica se asienta en el fondo de la estructura social boliviana.

La pobreza y la exclusión social son las razones principales para que un negocio que permitiría combatirlas genere una ola de protestas que ya ha causado más de sesenta muertes. El surgimiento de una nueva izquierda indigenista, con recursos procedentes del cultivo de la coca y un aparato de divulgación ideológica, como es la del diputado Evo Morales, aparece también como un virulento epifenómeno de los problemas y traumas nacionales que pueden socavar al estado.

El descrédito generalizado en que ha caído el sistema boliviano a partir del gobierno constitucional del difunto general Hugo Banzer ha dejado a la democracia nacional al borde del despeñadero luego de apenas 21 años de vida.

El gobierno de Banzer, 1997-2001, no sólo llevó al límite la lógica de la democracia pactada en acuerdos que claramente obedecieron a la repartición del poder, sino que no pudo enfrentar una crisis económica que no parece tener solución en el futuro inmediato.

La democracia pactada permitió desde 1985 dar estabilidad a los sucesivos gobiernos bolivianos merced a pactos entre diversos partidos políticos, pero ella degeneró, también con Sánchez de Lozada, en un reparto de ministerios y otras áreas del estado entre los socios.

Según el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), cerca de 1.000 millones de dólares anuales salieron de la economía boliviana en esos años (El producto bruto interno es de 8.500 millones de dólares).

La evaporación de unos 500 millones de dólares procedente del negocio de la cocaína, perseguido por un plan de erradicación de cultivos de coca a partir de 1998, dejó a decenas de miles de campesinos sin recursos, y con un ánimo más exacerbado para enfrentar al estado. Otros 500 millones se esfumaron por efecto de malas cosechas y la crisis financiera internacional, además de la persecución al contrabando. Nunca reingresaron a la economía.

La destrucción de plantíos de coca acentuó la pobreza de miles de familias campesinas del Chapare, en el centro del país. Este factor, sumado al desprestigio de los políticos tradicionales, encumbró al dirigente cocalero Evo Morales.

Con un discurso centrado en el rechazo a la injerencia de Estados Unidos, a los políticos tradicionales y a las transnacionales, Morales pudo obtener el segundo lugar en las elecciones de 2002.

Y es Morales uno de los artífices de la guerra de gas, que según el gobierno no es otra cosa que una estrategia para derrocar al presidente.

Según las encuestas, Morales estaría tan desprestigiado como el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada: ambos enfrentan un 80% de rechazo de la ciudadanía.

Pero una vez instalado el rechazo a la exportación de gas, alimentado por el temor a que esa riqueza sea malversada sin que hubiera beneficiado a la población, entraron en la pugna otros líderes opositores: el diputado indigenista Felipe Quispe y Jaime Solares, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB).

Los tres, que inicialmente utilizaron la estrategia del gas para sumar fuerzas, alimentadas por el rechazo a la exportación a través de Chile (pues Bolivia perdió su costa en una guerra con ese país en 1879), lograron movilizar a miles de bolivianos pobres para cerrar el paso al proyecto.

Parece claro que el negocio, cuyo proyecto aún no ha sido cerrado y que podría precisamente salvar de la pobreza a una parte de la sociedad ha servido para alimentar sus liderazgos.

El programa de exportación de gas fue desarrollado por el consorcio Pacific LNG, del que forman parte las firmas Repsol YPF, British Gas y Panamerican Energy, esta última controlada por el grupo British Petroleum.

El proyecto implicaba exportar en los próximos veinte años cerca de 1.057 millones de pies cúbicos diarios de gas natural licuado a Estados Unidos y México.

En esos veinte años, las autoridades de Bolivia calculaban que podrían percibir entre 5.000 y 9.000 millones de dólares en ingresos fiscales, los cuales serían destinados fundamentalmente a los sectores de salud, educación y servicios básicos. Además, el programa preveía la creación de unos 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos, según el viceministro de Hidrocarburos, Mario Requena.

Ahora, el gas ha pasado a segundo plano frente al reclamo de que renuncie Sánchez de Lozada.

Associated Press