BUENOS AIRES - La justicia argentina dictaminó que no hay pruebas suficientes para inculpar al ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) por los cinco homicidios durante la represión policial en los alrededores de la Casa de Gobierno, el 20 de diciembre de 2001, el día que cayó su gobierno.

Un dictamen denominado falta de mérito fue firmado por la jueza María Servini de Cubría, al considerar que no hay suficientes elementos probatorios para procesarlo, pero el ex mandatario radical conservador no fue sobreseído definitivamente y continúa el estado de sospecha, explicaron fuentes judiciales.

El abogado Miguel Angel Almeira, defensor de De la Rúa, admitió que la noticia fue tomada "con desánimo" por el ex presidente, que esperaba su sobreseímiento.

En un fallo del 26 de julio de 2002, la Cámara Federal había ordenado a la jueza investigar al ex mandatario por "homicidios culposos", de cinco manifestantes que fueron baleados en la represión policial, que dejó además 227 heridos, en pleno centro de la ciudad el 20 de diciembre de 2001.

En esta causa, están procesados el entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal comisario general Rubén Santos, y varios oficiales superiores de la policía "que compusieron la cadena operativa de la fuerza, en el infortunado despliegue de fuerza analizado", recordó Servini de Cubría en el fallo.

La jueza consideró que "si bien el Presidente constituye un elemento principal indudable del sistema de seguridad, la dirección y conducción de las fuerzas de mantenimiento del orden se encuentra delegada en niveles inferiores del Poder Ejecutivo".

En ese sentido, la magistrada dijo que "son estos niveles inferiores" los que "deberán responder en principio por el empleo de la fuerza de seguridad en Buenos Aires, los días 19 y 20 de diciembre de 2001".

En el fallo, Servini de Cubría también tomó en cuenta la posibilidad de que lo ocurrido se enmarque en un presunto complot para derrocar el gobierno de la Alianza (1999-2001), que investiga el juez federal Norberto Oyarbide.

No obstante, la jueza advirtió que "deberá ahondarse la investigación para determinar fehacientemente si, como presidente de la Nación, (De la Rúa) se encontraba compelido, a modo de garante, en el control de los medios con los que la fuerzas de seguridad cumplían con los objetivos de custodiar la Casa de Gobierno, el Congreso y el área céntrica en la que fueran desplegados los operativos".

Las muertes de los cinco manifestantes se produjeron durante una violenta represión policial en las cercanías de la Plaza de Mayo, en medio de una sublevación popular que dejó 30 muertos en todo el país y que derivó en la renuncia de De la Rúa que huyó en helicóptero de la Casa de Gobierno, la tarde del 20 de diciembre.

AFP