La Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas encomendaron conjuntamente a sus técnicos la elaboración de un proyecto de ley para endurecer las penas contra los grandes evasores, informó el director del organismo recaudador Eduardo Zaidensztat.
Paralelamente, estos organismos junto con el Banco de Previsión Social (BPS), la Confederación Empresarial del Uruguay (que reúne a los centros comerciales e industriales del interior del país) y la Cámara Nacional de Comercio, van a lanzar en el corto plazo una campaña de formalización de empresas en base a un plan piloto ya realizado en el departamento de Rivera.
Estos anuncios fueron realizados luego de una reunión que Zaidensztat, el director de Aduanas, Héctor Nilo Pérez, y el director del BPS en representación de los empresarios, Mario Menéndez, mantuvieron con representantes de CEDU y de la Cámara Nacional de Comercio.
En relación con el proyecto de ley, Zaidensztat explicó que "debería haber medidas adicionales para que los grandes empresarios que realizan evasiones muy importantes tengan una pena acorde y una pena acorde es un procesamiento con penitenciaría".
Agregó que "con el director de Aduanas entendemos que para un gran evasor de determinado monto para arriba, que el legislador dispondrá cuál es ese mínimo, la pena no puede ser solamente de prisión que es excarcelable sino que debería ser de penitenciaría".
PROPUESTA. El director de Rentas informó que la propuesta debe ser analizada con el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Isaac Alfie. Mencionó luego un caso concreto que explica por qué impulsa la iniciativa. Durante la actuación de su predecesor, Marcelo Brasca, se realizó un operativo junto con la Dirección de Aduanas en el que participaron 30 funcionarios que investigaron los sistemas informáticos de una empresa a la que se le comprobó contrabando y subfacturación, entre otros delitos, que suponían una evasión de millones de dólares. El propietario de la empresa estuvo 34 días preso en Maldonado y fue liberado luego de que su abogado pidiese su excarcelación. "Hay una ley, no es culpa del juez. Entonces, yo digo modifiquemos la ley", subrayó.
A título personal, opinó también que debería revisarse el "secreto tributario" para que el anonimato no proteja a los grandes evasores y exista, al menos para estos, una "sanción social".
Con respecto al plan piloto que se aplicó en Rivera y se trasladará al resto del país con pequeñas modificaciones que serán definidas por una subcomisión integrada por los organismos públicos y los empresarios, el mismo contempla que los aportantes que opten por el sistema de monotributo no deberán realizar pagos a la DGI y solamente tendrán que pagar mensualmente al BPS $ 417 mensuales si no van a tener una cuota mutual, y $ 1.004 mensuales si aspiran a ese beneficio.
ALTERNATIVA. A los microempresarios se les ofrecerá la alternativa de pagar a la DGI en el primer año de afiliación el 25% del Impuesto a la Pequeña Empresa, es decir $ 273 mensuales, en el segundo año el 50% o $ 545 mensuales y recién el tercer año el equivalente al 100%, equivalente a $ 1.090 mensuales. Este sector de empresarios pagará al BPS el 25% del aporte patronal el primer año, el 50% el segundo y el 100% en el tercero.
A estos efectos se considera microempresarios a aquellos con ventas anuales menores a $ 351.000, que tengan hasta cuatro empleados y activos inferiores a los U$S 20.000.
En cuanto al tercer grupo, el de las pequeñas empresas, tendrán que pagar a la DGI $ 1.090 mensuales y al BPS 1.339 mensuales. Se considerará como tales a las que vendan menos de $ 351.000 anuales y no existe tope en cuanto a activos para esta categoría.
Zaidensztat explicó que con esta campaña de formalización se benefician los trabajadores, quienes podrán contar con historia laboral, asignación familiar y en muchos casos, cuota mutual. Los empresarios, por su parte, verán reducirse la competencia desleal.
"Nuestra idea es hacer una campaña a lo largo y ancho del país, con todos los sectores, explicando los beneficios, informando y asistiendo al empresario para que pueda incorporarse al sector formal. Sabemos que los costos de un gestor para un pequeño empresario son muy importantes y es por eso que nosotros nos vamos a comprometer a asistirlo", señaló. Está previsto hacer un seguimiento del tema apuntando, además, a que aquel que se formalice no vuelva a la informalidad.
Asimismo, se coordinará con las Intendencias, para que éstas requieran a los feriantes estar inscriptos en el BPS a efectos de ser habilitados.
Resultados de última fiscalización
Tras la reciente campaña de fiscalización de empresas realizada por la Dirección General Impositiva (DGI) en los departamentos de Colonia, Maldonado, Salto, Paysandú, Canelones, Soriano y Río Negro un 25% de las firmas visitadas firmó convenio y reconoció sus adeudos, informó el director de Rentas, Eduardo Zaidensztat.
Otro 25% está estudiando su situación para formular una propuesta de pago y ponerse al día. La situación de un porcentaje similar, correspondiente a grandes empresas, está todavía a estudio en las oficinas de Montevideo para determinar si cometieron o no alguna infracción dado que la información a procesar es muy compleja. Al resto no se le encontraron irregularidades, detalló.
En el último año las actuaciones se han multiplicado por dos veces y media. Luego de la implementación de un plan de regularización lanzado en setiembre pasado que ofrecía exoneración de multas y recargos se firmaron 10.200 convenios y se inscribió a 1.400 empresarios del interior en un plazo de dos meses.
Zaidensztat mencionó que esa iniciativa fue "el último tren a la legalidad" y que se detectaron empresas que estaban inscriptas en la categoría de aquellas que facturan menos de $ 30.000 mensuales promedio, a las que se les detectó un nivel de ingreso mensual de $ 500.000. "Algunas de estas firmas eran supermercados", señaló.
"¿Quién hace más daño, ese empresario o quien está vendiendo informalmente en la plaza del pueblo, que de repente debería pagar $ 400 al BPS mensuales y a la DGI cero?", se preguntó.