El Senado anuló leyes que exculparon a ex militares

BUENOS AIRES Organismos defensores de los derechos humanos celebraron ayer como "una gran victoria y un paso adelante" la votación del Senado la pasada madrugada que convirtió en ley la anulación de dos leyes exculpatorias de militares que hubieran cometido delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura.

Coincidían, asimismo, en que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, por 43 votos contra siete, constituye un fuerte mensaje político para la Corte Suprema de Justicia, que ha demora-do un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de ambas leyes.

Si la justicia finalmente anula las dos leyes, se abrirá el camino para pedidos de procesamiento de unos 1.300 militares que desde 1986 lograron eludir la acción de los tribunales.

Nora de Cortiñas, presidenta del sector más moderado de las Madres de Plaza de Mayo, declaró que "este es un importante primer paso en esta etapa, en la que encontramos la firme voluntad del presidente Kirchner para terminar con la impunidad".

La señora Cortiñas, cuya hija "desapareció" durante el régimen militar, agregó que "ahora viene una etapa más dura, para lograr que la Corte Suprema declare inconstitucionales ambas leyes. Estamos embargadas de una alegría medida, porque sabemos que todavía falta bastante".

Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), declaró que el pronunciamiento del Congreso constituye una advertencia al Poder Judicial "de que hubo cambios en la voluntad política del pueblo argentino".

VOLUNTAD. Verbitsky recordó que cuando la Corte Suprema en 1987 "convalidó las dos leyes exculpatorias, dijo que lo hacía por respeto a la voluntad popular expresada en el Congreso", que había aprobado las controversiales leyes en 1986 y 1987, a propuesta del ex presidente Raúl Alfonsín.

El abogado Alberto Pedroncini, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), estimó que "este es un fuerte mensaje político para el Poder Judicial. La Corte Suprema debe pronunciarse sobre recursos en que estaba planteada la inconstitucionalidad, que equivale a la nulidad, de las dos leyes".

El pronunciamiento del Congreso significó una derrota para sectores de derecha, que a través de algunos diarios y de determinados grupos políticos, intentaron frenar la anulación, con el argumento de que solamente el Poder Judicial está facultado para hacerlo.

El propio vicepresidente Daniel Scioli esgrimió ese argumento, lo que le valió un duro enfrentamiento con Kirchner. El jefe del Estado interrumpió sus contactos personales con Scioli y relevó a funcionarios designados por el vicepresidente, en una clara señal de que solamente el Presidente fija las políticas del gobierno.

El gesto de autoridad de Kirchner, quien tuvo el respaldo de su antecesor Eduardo Duhalde, de decisiva gravitación dentro del oficialismo, obró como disuasivo para senadores peronistas renuentes a anular las leyes. El grueso del bloque peronista se alineó detrás del gobierno,.

Los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) de Alfonsín se pronunciaron en contra, pero la mayoría se retiró del recinto antes de la votación. AP