Pedido a justicia penal por Altolaguirre

El juez civil Ruben Eguiluz solicitará a todos los juzgados penales donde se investiga al ex fiscal Carlos García Altolaguirre, los expedientes con el objeto de indagar si por su actuación corresponde hacer lugar al reclamo del Estado por daño moral y por juicios futuros. El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) reclama tres millones de pesos al ex fiscal y al funcionario Pedro Milano.

Según dijeron a El País fuentes judiciales, en la audiencia preliminar que se celebró ayer, fracasó el intento de conciliación propuesto por el juez y por ello continuará el juicio.

Si bien estaban citados el propio García Altolaguirre, y su asistente, ninguno de los dos se presentó. En su lugar declararon los abogados, Gustavo Bordes y Carlos Ricciesky. Por parte del ministerio comparecieron los letrados Carlos Benítez y Elizabeth Lopardo.

Luego de escuchar a las partes, se resolvió que en el juicio no habrá testigos y que sólo se utilizarán como prueba los expedientes penales donde constan los ilícitos cometidos por los ex funcionarios públicos.

El MEC pretende además que los ex funcionarios sean condenados de condicional y futuro, es decir que se hagan cargo de todos los reclamos futuros que los justiciables afectados por los fallos en los que participó el ex fiscal, pudieran realizar.

Como medida cautelar, al recibir la demanda, Eguiluz dispuso el embargo genérico de todos los bienes muebles e inmuebles de García y Milano. Ambos fueron procesados el 1º de abril por reiterados delitos de concusión especialmente agravados y por un delito continuado de utilización indebida de información privilegia. El delito se ve agravado por tratarse de funcionarios públicos. Milano fue enjuiciado también por reiterados delitos de concusión.

Dos semanas después fue procesado con prisión un abogado que se desempeñó en Maldonado y ahora cumplía funciones como director de la División Jurídica del Ministerio de Industria. El abogado fue procesado por el delito de cohecho simple especialmente agravado y de uso de información privilegiada.