BRASILIA | EFE
La huelga de los funcionarios brasileños contra la reforma del sistema de jubilaciones impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumplió ayer tres semanas sin haber causado grandes transtornos al país, admitieron los propios organizadores de la protesta.
"Nuestro movimiento está creciendo pero su objetivo no es provocar el caos", explicó José Vaz Parente, dirigente del sindicato de los empleados del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y uno de los organizadores de la paralización.
"Nos preocupamos en mantener, aunque limitados, servicios esenciales en hospitales, seguridad pública y fiscalización ambiental, entre otros y ello comprometió la fuerza de la huelga ante el público", agregó.
El director de la Confederación Nacional de las Entidades de los Trabajadores Públicos, José Domingues Godoi Filho, afirmó que, pese a que el Gobierno la ha ignorado y el público no la ha sentido, la mayoría de los funcionarios federales ya adhirió a la huelga.
"Al inicio éramos cerca del 50 por ciento del funcionariado federal. Ahora somos cerca de un 70 por ciento", dijo.
Los sindicalistas exigen que el Congreso retire de su pauta de votación la reforma al sistema de seguridad social presentada por Lula debido a que los privará de "numerosos derechos adquiridos".
PRIORIDAD. La reforma, que el Gobierno del socialista Partido de los Trabajadores (PT) considera prioritaria y espera que sea votada antes de noviembre, ya fue aprobada integralmente por una comisión legislativa y esta semana comenzó a ser debatida por el pleno de la Cámara de Diputados.
Lula, cuya reforma es apoyada por la mayoría de los brasileños, según las encuestas, argumenta que el actual sistema de seguridad social es insostenible, especialmente por los beneficios que concede a los funcionarios públicos.
Los sindicalistas reconocen que la huelga también ha perdido fuerza debido a que, en los últimos años, el Gobierno sustituyó funcionarios propios por subcontratistas de empresas privadas, principalmente en áreas como la limpieza, el secretariado y la atención al público.
De hecho, la mayoría de la población no ha sentido los efectos de la paralización, ya que, pese a la lentitud de la atención, es posible realizar gestiones burocráticas y ser atendido en hospitales, ministerios y otras oficinas gubernamentales.
La paralización de los empleados de las aduanas y del fisco federal, por ejemplo, no impidió que el Gobierno anunciara ayer que, en la cuarta semana de julio, el país registró un superávit de 1.732 millones de dólares en su balanza comercial.