El pesado procedimiento para destituir a un empleado público debería ser revisado, en opinión del director de Impositiva, Eduardo Zaidensztat. En una larga conversación con El País, el funcionario sostuvo que el secreto tributario encubre al evasor en detrimento de quien cumple con el pago de sus impuestos.

—¿Cuán decidido está el gobierno a imponer un régimen de incompatibilidad de tareas públicas y privadas para los profesionales de la DGI?

—Una iniciativa en esa línea integra el último proyecto de reforma tributaria. Para mí, un funcionario de la DGI puede tener exclusividad de acuerdo al lugar donde desempeña su función. Una persona que es chofer en la DGI puede trabajar en la actividad privada. Un abogado de la DGI perfectamente podría ejercer el derecho de familia.

Hay otros lugares donde debe haber exclusividad 100 por ciento, y hay lugares donde debe haber determinadas flexibilidades, y a mayor grado de dedicación hasta la exclusividad, el patrón, en este caso el Estado, debe darle una retribución acorde con esa dedicación. Hoy un profesional de la DGI, un inspector, gana once mil pesos uruguayos. Para mucha gente eso puede ser mucho dinero, pero seamos concientes que una persona con formación profesional y con las posibilidades de trabajo que tiene en el sector privado, por esa cantidad en el sector público no va a vivir.

Ahora bien: que la persona tenga trabajo en la actividad privada, no quiere decir que sea deshonesta, porque puede trabajar en la actividad privada y tener valores éticos y morales que lleven a que a su cliente no lo favorezca. Por supuesto que en una administración tributaria, hay sectores claves donde tiene que existir la incompatibilidad.

—¿Cuánto pesa el sueldo de un funcionario en su exposición a la corrupción?

—Esas magras retribuciones, en lugares donde se manejan cifras muy importantes de dinero, pueden traer algún problema adicional. La corrupción es un tema fundamentalmente ético, moral y de valores de cada ciudadano, de cada persona, pero una baja retribución puede acompañar a desincentivar a la gente, o llevarla por el camino equivocado. La mayoría de la gente que trabaja en la oficina es honesta, y no tiene problemas éticos ni morales, más allá de que trabaje o no en el sector privado. Pero por supuesto que en una organización, tanto pública como privada, existen ovejas negras.

—¿Y qué hace la DGI hoy con las ovejas negras?

—No hay mejor defensa que un buen ataque. Entonces es bueno que la propia estructura depure a la gente que se porta mal. Para ello hacemos las investigaciones administrativas y sumarios que correspondan, e incluso por estos días el Senado tiene a estudio un pedido de destitución de un funcionario.

—¿Cuánto cuesta destituir a un funcionario?

—Para destituir un funcionario público existen tantos procedimientos para darle garantías, que al final la garantía la pierde el resto de la sociedad. No solamente hay que hacer la investigación, el sumario correspondiente; la unidad ejecutora, en este caso la DGI, lo determina con un procedimiento adecuado, con abogados, con tiempo para la parte afectada, como lo establece la normativa legal, luego termina en este caso con la firma del director de Impositiva, después pasa a la firma del ministro de Economía, luego lo termina firmando el presidente de la República.

Y no termina acá: tiene que ir a la comisión del Senado. Entonces, el trámite para apartar a esas ovejas negras realmente es muy lento. El procedimiento no termina con la firma del ministro, del presidente, y terminamos con el Senado. Y me parece que eso debería revisarse.

Pero también, cuando encontramos ovejas negras, cuando entendemos que el hecho amerita no sólo la exclusión de la plantilla de funcionarios, ponemos la situación en conocimiento de la Justicia. Algo que tenemos que instalar es un sistema de auditoría interna potente en la oficina.

—Muchas veces, cuando uno quiere conseguir información sobre sanciones a evasores, se choca contra el secreto tributario. ¿Le parece bien que no se pueda hacer pública esa información?

—El secreto tributario tiene cosas muy buenas de la protección del debido proceso, pero hay veces que atenta contra el buen contribuyente y favorece al que se porta mal.

—¿En qué caso se decide denunciar a un evasor ante la Justicia?

—Nosotros ponemos en conocimiento de la justicia penal, por distintos criterios, como el monto de la defraudación, pero también no sólo por montos sino por el procedimiento utilizado, como las maniobras con facturas. La señal que quiero dar es: al que se porta mal, no sólo lo van a embargar, o sea aplicar medidas cautelares, sino que marcha preso. No me tiembla la mano al presentar la denuncia penal correspondiente.

Perfil

Con fe para la tarea

Eduardo Zaidensztat es uno de los jóvenes con perfil técnico a los que Jorge Batlle confió cargos de gobierno. Ha sido asesor de la Presidencia, subsecretario de Salud Pública, asesor del Ministerio de Economía, y ahora conduce la Dirección General Impositiva.

Tiene sus mejores relaciones en el gobierno con varios jerarcas con los cuales comparte generación, y que conoció en la universidad: Leonardo Costa (prosecretario de Presidencia), Oscar Brum (subsecretario de Vivienda) y Pedro Aramendía (asesor de Presidencia), son algunos.

Zaidensztat mantiene una estrecha relación con el ministro de Economía Alejandro Atchugarry. Hace años, le dijo a Atchugarry que habría mucho por hacer en la DGI, y que él se tenía fe para la tarea. En 2002, en plena crisis y permanente caída de la recaudación, Atchugarry le preguntó si aún recordaba aquel comentario. Dos días después, Zaidensztat asumió en la DGI.