Rocha | Eduardo González
El conflicto de los municipales parece ingresar en una semana clave. Mientras el gremio se prepara para aumentar las movilizaciones, el Encuentro Progresista planteará hoy lunes en el deliberativo local, el mecanismo de interpelación al intendente Irineu Riet Correa.
Por su parte, la departamental nacionalista se reúne mañana martes, analizando el pedido de renuncia al jefe comunal formulado por el edil Alberto Olivera.
El sindicato de los municipales habrá de continuar con el paro por tiempo indeterminado, según lo expresado por Rubén Lazo, secretario de la asociación. "Hay funcionarios que entregaron las llaves a sus respectivos superiores en las diversas oficinas", dijo luego de culminar una marcha por las calles de la ciudad de La Paloma, aludiendo a la adhesión obtenida.
Sostuvo que "hemos recibido denuncias de persecución sindical a nuestros compañeros, y la mayoría de ellas, está en conocimiento de la comisión de asuntos laborales de la Junta Departamental.
Añadió que "hay compañeros cesados que fueron invitados a trabajar por parte de sus jerarquías, existiendo la promesa de una pronta re-incorporación; se trata de una abierta irregularidad, no se puede hacer esto.
También, señaló, que fueron despedidas funcionarias y la notificación fue demorada, por lo que las operarias hacían la tarea sin saber que habían sido cesadas días atrás".
El secretario de prensa del gremio municipal de Montevideo, lvaro Soto, afirmó que "el hecho de que un intendente (Riet Correa) se mantenga en el poder, a pesar de que todo el mundo dice que no lo apoya, habla de que está sostenido por intereses que no aparecen públicamente".
Sostuvo que "acá han existido contratos para reparación de caminería con empresas y se han pagado con exoneración de contribución, una cosa totalmente ilegal y que no tiene vinculación con el pueblo. "Hace cuatro meses que no funciona la junta departamental, se han liquidado las más elementales formas del gobierno representativo", dice.
Señaló que "la Adeom-Montevideo ha puesto en consideración de la mesa del Pit-Cnt, la posibilidad de un paro nacional y una marcha a la casa de gobierno para reclamarle una solución, esperando prontamente la definición".
RECURSO DE AMPARO. Paralelamente, el desalojo de los movilizados con su campamento en la plaza principal, solicitado por el intendente Riet Correa, no se pudo concretar. El recurso de amparo presentado ante la justicia, por los abogados Mario Anza, Néstor Rodríguez Burnia e Ignacio Vilaró, parece postergar la definición para las próximas horas. El escrito hace saber del derecho de reunión, libre pensamiento y de la ocupación como extensión de la huelga.
Desde la Junta Departamental se esperan novedades. El edil Aníbal Pereyra del Encuentro Progresista, por el Movimiento de Participación Popular, dijo que se ha planteado al Partido Colorado la necesidad de operar el mecanismo de interpelación al intendente. De haber sesión, como es de rigor los días lunes, el llamado a sala se concretará, según explicó el curul.
Artigas Iroldi Noguera, del Partido Colorado, confirmó que las conversaciones han existido y "estoy dispuesto acompañar tal solicitud", manifestó.
Mañana martes, la comisión departamental nacionalista se habrá de reunir, considerando el pedido de renuncia que pesa sobre el intendente, establecido por el edil Alberto Olivera. El curul definido como "blanco progresista, defensor a capa y espada de Riet Correa hasta hace algunos años atrás, se ha transformado en uno de los principales oponentes".
Afirmó, "es hora de que renuncie por el bien del departamento, podemos estar desembocando en males peores, ojalá que los mismos no lleguen".
Por su parte, el dirigente Hugo Schiavo, sector de Néstor Moreira Graña, suplente del jefe comunal y director del Banco Hipotecario, dijo: "hemos pedido el pronunciamiento de todos los grupos nacionalistas y la posición mayoritaria podría resultar decisiva". Manifestó, "si hay una amplísima mayoría por la renuncia es posible un planteo formal en ese sentido.
"Omisión contumacial"
El senador del Foro Batllista, Pablo Millor presente aquí en Rocha, reveló a El País que "en mi modesta opinión el intendente está incurriendo en omisión contumacial de los deberes del cargo, artículo 164 del código penal, al no contestar informes del tribunal de cuentas sobre adquisiciones realizadas por la Junta local de Castillos, por valor de diecisiete mil dólares en cubiertas".
Dicho artículo refiere "a un delito que se castiga con suspensión de tres a dieciocho meses en el cargo. Los intendentes no tienen fueros", agrega.
Sostuvo que "a principios del corriente año la junta departamental pidió una auditoría al tribunal de cuentas por compras en la junta castillense. El tribunal envió cinco a seis oficios al intendente pidiendo información y no fueron contestados, apareciendo la figura del obstruccionismo por la no remisión, expresó. Artículo 479, ley 17.296, incorporado al Tocaf como artículo 99, figura de obstruccionismo".
Manifestó que "el veinte de junio pasado el tribunal de cuentas informó a la junta departamental sobre la omisión en que ha incurrido la comuna, llegándose a la hipótesis de obstruccionismo".