Uruguay ratificó ayer su postura de no firmar el acuerdo ofrecido por el gobierno de Estados Unidos, que implicaba la exoneración de la posibilidad que los ciudadanos norteamericanos sean juzgados por la Corte Internacional Penal.

El canciller, Didier Opertti, lamentó que no se haya alcanzado un acuerdo con las autoridades norteamericanas, pero aseguró que cuando "se puso en la balanza la cooperación de EE.UU. y el mantener el tratado internacional firmado en Roma para la creación de una Corte Penal Internacional", y "peso más esta última".

Señaló además que esta decisión del gobierno uruguayo da cuenta de "nuestra identidad", "ya que somos conocidos en el mundo como fieles cumplidores del derecho internacional".

Explicó sin embargo que la cancillería pasó todo el día martes analizando una propuesta alternativa para presentarle a las autoridades norteamericanas. En primera instancia advirtió que debido a que Uruguay forma parte del estatuto de Roma, de 1998, ya que fue ratificado por el parlamento nacional, está obligado a cumplir las obligaciones adquiridas en materia de los alcances de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, precisó que EE.UU. no forma parte de ese estatuto, ya que nunca lo ratificó de modo que no tienen obligación de cumplirlo.

En ese marco, explicó Opertti, se buscó como alternativa volver al texto del acuerdo bilateral entre EE.UU. y Uruguay de 1953, que actualmente está vigente y que no fue modificado por el estatuto de Roma, que establece que "bajo determinadas condiciones el personal proveniente de EE.UU. que esté realizando tareas en el territorio uruguayo tiene determinadas inmunidades de jurisdicción", para encontrar un punto coincidente con los asesores norteamericanos. Sin embargo Opertti advirtió que "no se llegó a una formula que satisfaciera a ambas partes".

Otra de las alternativas planteadas, y que incluso el canciller aseguró haber consultado por el propio presidente de la República, Jorge Batlle —quien le manifestó su aprobación—, fue la de que el gobierno norteamericano si bien se negaba a que sus ciudadanos fueran juzgados por la Corte Penal Internacional, se comprometiera a someterlos a la justicia de su país. Pero finalmente esa propuesta tampoco tuvo andamiento, apuntó.

Opertti advirtió sin embargo, que no da el tema por laudado, porque en este tipo de materias las negociaciones suelen ser extensas. Señaló además que es viable que Uruguay analice este tema con otras naciones a las que Estados Unidos les presentó el mismo acuerdo y no lo firmaron, y advirtió que hasta el momento solamente seis países firmaron dicho convenio. "De lo que se trata es de buscar aproximar posiciones como ya se ha hecho antes", apuntó.

SINDROME PINOCHET. En lo que hace a la actitud del gobierno norteamericano, el canciller señaló que puede deberse "al síndrome Pinochet". "Temen que el mero pasaje por un país pueda habilitar al pedido de juicio de una persona", añadió.

Señaló al respecto que la Corte Penal Internacional no habilitaría a que el mero tránsito de una persona en un país habilitara a la intervención de la autoridad local.

Destacó que el hecho de que Uruguay no firme el acuerdo propuesto por EE.UU. determina sí la interrupción de la colaboración militar que ese gobierno venía haciendo, pero "no pone en juego la relación política o diplomática".

PAISES REACCIONAN. Los países latinoamericanos que se encuentran en la misma situación que Uruguay, a los que EE.UU. canceló parte de su ayuda militar por no firmar un acuerdo de inmunidad ante la Corte Penal Internacional, resistieron las presiones, y ahora algunos buscan no perder la asistencia o replantean sus nexos militares con Washington.

Estados Unidos anunció este martes la suspensión de 47,6 millones de dólares en ayuda militar a 35 naciones, de las cuales nueve son latinoamericanas: Colombia, Bélice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

También se suspendió la financiación militar a los caribeños Antigua, Barbados, Dominica, San Vicente y Granadinas y Trinidad y Tobago.

Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana firmaron públicamente con Washington el acuerdo. Argentina es el único país latinoamericano exento de la firma por su calidad de aliado extra-OTAN.

Apoyo para el gobierno

Por unanimidad, la Cámara de Representantes respaldó al Poder Ejecutivo en su posición de defensa del ejercicio soberano de la jurisdicción penal y el principio de complementariedad de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) establecida en el Estatuto de Roma para juzgar delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión.

La Cámara votó anoche una declaración donde se le pide al Poder Ejecutivo que rechaze "cualquier acuerdo orientado a desviar el fin del Estatuto de Roma" y, también, que se oponga a cualquier intento de acuerdo bilateral que se le formule por parte del gobierno de Estados Unidos para exceptuar a nacionales de algún país de la jurisdicción de la CPI.

La declaración, promovida por el diputado Felipe Michelini, del Nuevo Espacio y acompañada por todos los partidos, considera ilegales esos acuerdos bilaterales por considerar que intentan limitar el alcance de la CPI y por entender que esas acciones "afectan el principio de igualdad de las personas y de los Estados".