Informe con malas noticias

LA organización Amnesty International dio a conocer en Londres su informe anual sobre 2002, que versa principalmente en torno a la vigencia de los derechos humanos a escala mundial. Allí se menciona la ejecución de tres secuestradores de un barco en Cuba como "un retroceso de veinte años en materia de derechos humanos" en la isla caribeña, y se denuncia que mientras los ojos del mundo estaban fijos en Irak "hubo un elevado costo en derechos humanos y en vidas, en sitios como Colombia, Chechenia, Nepal, Costa de Marfil, Burundi y el Congo". El informe señala asimismo que "mientras los gobiernos se preparan a gastar miles de millones de dólares para hacer alguna guerra, millones de personas siguen viviendo en medio de la pobreza".

EL informe, "uno de los más críticos en cuatro décadas de actividad de Amnesty", agrega que "la guerra contra el terrorismo lanzada por Washington y Londres, hizo del mundo un lugar más peligroso, ya que faltó a los derechos humanos, amenazó la ley internacional y protegió a los gobernantes contra cualquier intento de investigarlos". Esa guerra contra el terrorismo, que ya se había iniciado en 2001 en Afganistán, "ha aumentado —según Amnesty— las divisiones entre la gente y entre los pueblos de diferentes orígenes, religiones y credos, plantando una semilla para más conflictos". Los directivos de Amnesty añaden que "desde hace tiempo, quienes defienden los derechos humanos expresan su recelo por la manera en que los gobiernos interpretan y aplican sus programas de seguridad nacional e internacional".

SE dice igualmente en el informe que "con demasiada frecuencia, las medidas de seguridad dañan al inocente y no al culpable" mermando los logros obtenidos en el campo de los derechos humanos durante las últimas cinco décadas, "en nombre de la seguridad y el antiterrorismo". Esa arma de doble filo provoca deterioros en numerosos países, incluso latinoamericanos: ello ocurre en Cuba, pero también en regiones convulsionadas como Colombia, donde se produjo "la ruptura de conversaciones de paz en febrero de 2002, entabladas entre el gobierno y el principal grupo armado (las FARC) lo cual intensificó la crisis de los derechos humanos en aquel país andino". Asimismo, la secretaria general de Amnesty acusó a Estados Unidos "de minar el derecho internacional al buscar acuerdos bilaterales para eximir a sus ciudadanos de ser acusados por la Corte Penal Internacional".

ESO ya se produjo, según cuenta un cable de DPA desde Nueva York: "El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el 11 de junio por doce votos contra cero, extendiendo la inmunidad a ciudadanos estadounidenses ante la Corte Penal Internacional, contra la voluntad de numerosos miembros de la UN: Alemania, Francia y Siria se abstuvieron" en aquella votación. El pedido norteamericano se aceptó "a pesar de la oposición del secretario general Kofi Annan" quien advirtió que "la medida menoscaba a la autoridad de la Corte, a la del propio Consejo de Seguridad y a la legitimidad de las operaciones de paz de Naciones Unidas". Según la nueva resolución, "se impide la investigación y procesamiento de estadounidenses en el extranjero, por segundo año consecutivo, a partir del mes de julio de 2003". La posición de Annan fue compartida por todos los países signatarios del Tratado de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional en la ciudad de La Haya, "con jurisdicción para los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio".

LO que argumentó Estados Unidos para lograr ese privilegio que implica una virtual impunidad, fue que "sus opositores pueden utilizar el tribunal internacional para impulsar procesos con motivación política", amenazando al mismo tiempo "con retirar su apoyo a las misiones de paz de Naciones Unidas" si su solicitud no era tenida en cuenta. Pero en este caso Estados Unidos logró lo que perseguía, poniendo en posición casi desairada a una corte creada para procesar y condenar al mismo tipo de criminales que Estados Unidos dice combatir con guerras a escala internacional. De paso, su actitud vuelve a desacreditar a un Consejo de Seguridad al que había ignorado tres meses antes cuando resolvió invadir Irak prescindiendo de las resoluciones de ese cuerpo.

Las temperaturas del invierno se empiezan a hacer sentir. Y estos aires gélidos del 2003 llegan en un momento particularmente difícil. Con gente sin trabajo, con gente que trabaja pero que siente menguados sus recursos, con una situación que demanda redoblar esfuerzos para salir adelante.

Tenemos una crisis aquí y ahora. No con la visión terrible de inseguridad que esta coyuntura tenía en el invierno del año pasado, pero aun así, la esperanza no hace menos real esta circunstancia actual. En especial para los más carenciados.

Es por ello que corresponde darle el máximo apoyo a todos los afanes dirigidos a paliar la situación. Es inminente el comienzo de la aplicación del "plan invierno" en el que colaborarán autoridades nacionales y municipales. Hay también otras iniciativas dignas de encomio. No se puede desfallecer. Se hace necesario actuar. Con imaginación, espíritu humanitario y buena voluntad.