Unos 3.900 públicos pidieron el retiro

El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, anunció ante una comisión del Parlamento que unos 3.900 funcionarios públicos —que pertenecían tanto a la administración central como a las empresas del Estado—, se han acogido al régimen de retiros incentivados impulsado por el gobierno en setiembre pasado.

Este mecanismo, mediante una ley complementaria, se piensa mejorar y extender para permitir una mayor adhesión al sistema.

Atchugarry concurrió ayer a la comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes donde se refirió a aspectos del proyecto promovido por el Poder Ejecutivo y dio a conocer las razones por las que se impulsó la prórroga por 60 días del mecanismo.

El ministro dijo que, a su criterio, la aplicación de la norma fue "exitosa" porque había cerca de 4.000 funcionarios públicos que reunían las condiciones para acogerse al beneficio.

MAS PLAZO. Atchugarry basó la conveniencia de extender el plazo por el término de 60 días más en atención a que hay una cantidad significativa de personas en las mismas condiciones.

"Esta ley perfecciona el mecanismo. Para estas personas es un beneficio y para el Estado es una forma de ir reduciendo su tamaño sin generarle una dificultad a los funcionarios", explicó el secretario de Estado.

Atchugarry aclaró asimismo que con este proyecto no hay riesgo de perder a los funcionarios más valiosos porque comprende a aquellos trabajadores que tienen más de 60 años de edad y han configurado causal jubilatoria.

La iniciativa se justifica en que la ley no los obliga a retirarse hasta los 70 años, agregó. "Es un cambio generacional y al mismo tiempo un alivio económico para el Estado, porque se va moviendo el escalafón y no se van reponiendo cargos abajo", dijo el ministro.

DESDE SETIEMBRE. El Poder Ejecutivo pidió al Senado —que ya aprobó la iniciativa—, la modificación de condiciones y a su vez la extensión del plazo a los retiros incentivados de funcionarios públicos con el fin de racionalizar los recursos humanos del Estado.

Este proyecto agrega a las retribuciones a tomar en cuenta para el cálculo de la prestación aquellas que sean no permanentes, excluye de la base de cálculo de las retribuciones que servirán de base para determinar la prestación por retiro incentivado los premios por desempeño excelente y muy bueno, establecidos por los artículos 24 y siguientes de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y aclara que las prestaciones permanentes sujetas a montepío a tener en cuenta son las percibidas por el funcionario el mes anterior a la aceptación de la renuncia.

En setiembre de 2002, se aprobó una ley por la cual se estableció un régimen de retiro incentivado para funcionarios públicos.

Quienes en ese momento tuvieran entre 60 y 69 años de edad con causal jubilatoria en un plazo de 60 días, percibirán mensualmente del organismo al cual pertenecían con cargo a su presupuesto, una prestación de hasta el 15% de sus retribuciones hasta que cumplan los 70 años de edad.

El concepto "retribuciones" incluye todas las prestaciones permanentes sujetas a montepío; en cambio, para aquellas que son permanentes pero de monto variable, se determinarán por el promedio de lo percibido en los últimos 12 meses anteriores a la aceptación de la renuncia.