¿Hasta cuándo?

El inicio, hace ya unos cuantos años, de las negociaciones para la incorporación del gas natural a la matriz energética nacional despertó grandes esperanzas en la población. Rápidamente, todos comprendimos las ventajas del gas natural: menor dependencia del petróleo, menor precio y menor impacto sobre el medio ambiente. Pero me atrevo a decir que el elemento más esperanzador era la expectativa de contar con un combustible para el transporte sensiblemente más barato.

Hoy el gas natural es una realidad para la industria y para su uso doméstico. Falta resolver aún su futuro para la automoción.

Entendemos que el Gobierno no puede demorarse más en adoptar una decisión al respecto. No contamos aún con una normativa que reglamente su uso, a la vez que se sigue discutiendo el tema de su precio de venta al público. Como fácilmente se comprende, las razones de estas demoras obedecen al temor de que el uso de gas natural en vehículos apareje una pérdida de recaudación para Ancap, lo que, en definitiva, repercutiría en los ingresos de la Tesorería.

Mientras el Gobierno no termina de resolver estas cuestiones, la población se las va ingeniando para buscar combustibles alternativos.

El gas licuado de petróleo (el conocido supergás) es un combustible por el que cada vez más uruguayos se están inclinando. Al día de hoy se estima en 19.000 los vehículos que lo emplean.

Su utilización creciente, a pesar de estar expresamente prohibido, constituye un buen negocio para los proveedores, pero sin duda representa un peligro tanto para los usuarios como para el resto de la población, expuesta al riesgo de accidentes de consecuencias incalculables.

El biodiesel es otro dato a tener en cuenta. Si bien las investigaciones continúan, es ya una realidad, aunque acotada todavía por la reducida escala de producción.

Como se ve, ante el hecho de que los combustibles derivados del petróleo se hacen más caros y a la vez el poder adquisitivo disminuye, los ciudadanos se las van ingeniando para conseguir alternativas.

Ante este panorama creemos que, rápidamente, el Gobierno debe autorizar el uso del gas natural para el transporte, a un precio de venta al público que refleje los costos reales del producto.

Puede que sea cierto que en un corto plazo el Fisco se vea perjudicado; pero la lógica indica que un usuario que vea reducido el costo del combustible en un porcentaje significativo va a dar mayor uso al vehículo, lo que a la larga generará una mayor actividad comercial y por ende una mayor recaudación fiscal. Y si así no lo hiciera, va a destinar parte de ese ahorro a atender otras necesidades, lo que también beneficiará al Fisco. Tampoco debe perderse de vista que el gas natural puede ser aplicado —se lo hace con éxito en Estados Unidos y Europa— para el transporte colectivo y de cargas. ¿No sería deseable una próxima generación de ómnibus para Montevideo propulsados a gas natural, con el consiguiente abaratamiento del boleto y menores niveles de polución?

Estos razonamientos se dan de patadas con la posición del Ministerio de Economía que prioriza por sobre todo los aspectos fiscales. Pero la realidad se impone, y al igual que los ciudadanos devuelven los teléfonos por no poder pagar las tarifas, también consumen menos combustible o buscan otras opciones. Si la tendencia se mantiene, la recaudación va a ser cada día menor y la gente vivirá cada vez peor. Esta lógica perversa debe comenzar a terminar. Autorizar el gas natural para vehículos a un precio razonable nos parece que sería un buen principio de solución.

¿Hasta cuándo esperar?