Aumentos sin aumentos

SUBEN nuevamente las tarifas de luz, teléfono y agua, pero no suben en cambio las remuneraciones de los empleados de la actividad privada, sector castigado de muchas maneras bajo la crisis de los últimos tiempos y en especial golpeado por la situación que vive el país desde hace un año. El gobierno nacional ha instrumentado levísimos ajustes en los salarios de la administración pública y dispuso aumentos (mínimos, es cierto) en el monto de las pasividades, mientras las autoridades municipales concedían mejoras a los sueldos del funcionariado a su cargo. Pero la actividad privada no ha podido imitar a esos organismos, porque lo impide la tambaleante situación de gran parte de sus empresas.

DE hecho, los empleados del sector privado han estado sujetos últimamente a oleadas de despidos, pases temporarios a seguro de paro y rebajas (a veces reiteradas) de sus haberes, todo lo cual responde a la penosa situación que viven las empresas como reflejo del panorama nacional en materia económica y financiera, al derrumbe del poder adquisitivo del consumidor, a la falta de reactivación productiva y a la caída de numerosos renglones de la demanda. Como consecuencia de ese panorama, nadie ignora el ritmo en que ha crecido la masa de desempleados en el país, el grado en que ese fenómeno afecta la vida personal, familiar y social, la inseguridad de futuro en que se debate esa gente y también la que conserva su fuente laboral pero no se siente demasiado estable en el puesto.

UN cuadro de inestabilidad emocional, angustia y variados temores rodea a gran parte de la población activa en el Uruguay, contemplando —en el mejor de los casos— cómo se reduce gradualmente la capacidad adquisitiva, el margen de maniobra y casi toda posibilidad de planificar la vida por parte de miles y miles de empleados y obreros que no pueden mirar hacia adelante con la tranquilidad ni las certezas que serían deseables.

Es a veces patético comprobar los extremos de apretura a que se ve reducido un sector de la población, el mismo que vivió durante generaciones en un nivel de dignidad y decoro, sin pensar que llegaría el momento en que no todas sus necesidades básicas estarían satisfechas. Las cifras sobre miles de uruguayos que se han borrado de la mutualista médica por la simple imposibilidad de pagar ese servicio, junto a otras cifras igualmente empinadas de uruguayos que se van a vivir en países desarrollados o aspiran a hacerlo en breve, constituyen un paisaje desolador que sin embargo sólo es parte del cuadro general padecido por tanta gente. Eso ocurre mientras el Estado efectúa recortes muy insuficientes del gasto público, haciéndose el desentendido ante unos cuantos aspectos discutibles de esa órbita, desde las prodigalidades y el clientelismo del servicio exterior hasta los miles de contratos de obras y servicios que sobrecargan escandalosamente el presupuesto oficial.

FRENTE a semejante realidad, los entes anuncian esta nueva suba de tarifas, que en el caso de UTE es del 6 por ciento, en el de ANTEL se sitúa en el 3,6 por ciento y en el de OSE se ubica en el 5 por ciento. Será mejor no pensar en la desbordada capacidad de pago de los ciudadanos, parte de los cuales se atrasa en el pago de sus obligaciones por la imposibilidad material de responder en tiempo y forma a esa exigencia: los flamantes aumentos en tres servicios esenciales agravarán quién sabe hasta qué punto el margen de esa morosidad y el plazo de esos retrasos. Pero los jerarcas de los tres entes —por lo menos los que votaron a favor de la suba de tarifas— justifican el ajuste "para cubrir los costos de funcionamiento y acompañar la evolución del dólar y del índice de precios al consumo" aludiendo asimismo a "la modificación de tasas inflacionarias y del tipo de cambio".

OTROS directivos más sensatos hablan de que el aumento "es un impuesto enmascarado que sólo servirá para multiplicar la morosidad" y piensan que "las nuevas tarifas tendrán un efecto contrario al que se busca, dado que retraen el consumo y generan robos de energía, además de generar inflación". A esta altura parece muy sencillo el método de la administración pública para cubrir sus costos operativos y pagar a una enorme masa burocrática: ese método consiste en ajustar las tarifas que cobra por sus servicios. El gobierno debería sugerir a los empleados (sobre todo a los del sector privado) cómo hacer para mantenerse a flote y a quién acudir para mejorar sus recursos, de manera de permitirles hacer frente a las nuevas tarifas.