El ministro de Trabajo Santiago Pérez del Castillo estudia la creación de un fondo específico para pagar el seguro de paro, y un régimen especial de subsidios por desempleo para las personas que pierdan su trabajo poco antes de cumplir la edad de jubilación.
Así lo anunció ayer en conferencia de prensa, en la cual explicó su proyecto de reforma del seguro de desempleo, que implica una prolongación de su duración de seis a nueve meses, si bien el monto total abonado será el mismo; el plan implica la redistribución de los pagos, con una mayor concentración en los primeros meses y una disminución progresiva hasta el noveno.
Pérez del Castillo manifestó su intención de incluir en la reforma un régimen por el cual se prolongue el seguro de paro de las personas que pierdan su empleo, a poco tiempo de jubilarse. El ministro puso como ejemplo alguien que es enviado al seguro de paro cuando faltan 36 meses para ese momento, y dijo que se le podría pagar menos que los subsidios por desempleo habituales, pero hasta el día que se jubile.
Por otra parte, advirtió que el seguro de paro, en rigor "no es un seguro, sino un subsidio", que no tiene una "financiación específica". En esa línea, comentó su idea de crear un fondo específico para financiar el seguro de desempleo, cuyos principales aportantes serían las empresas que apelan con mayor frecuencia a ese beneficio. Algo similar ocurre con los seguros por accidentes de trabajo, ya que pagan más las empresas cuyas actividades implican mayores riesgos.
La extensión del seguro de paro y la redistribución del monto pagado tiene como objetivo reducir el impacto del desempleo en los primeros meses, y estimular la búsqueda de un trabajo sobre el final del período.
El presidente del Banco de Previsión Social (BPS) Carlos Gasparri, dijo a El País que sería "positivo" reformar el sistema de seguro de paro, aunque hasta el momento no había recibido el proyecto concreto.
Por su parte, el director del BPS en representación de los trabajadores, Ariel Ferrari, consideró "interesante" la intención ministerial, pero remarcó que la reforma debería incluir varios aspectos más, como regímenes especiales según composición familiar y edad, posibilidades de capacitación, y un registro nacional de trabajadores con dificultades de empleo.
EMERGENCIA. En otro orden, Pérez del Castillo subrayó que el programa de empleos de emergencia, cuya aprobación fue decretada el jueves por el presidente Jorge Batlle, apunta al objetivo "que trabaje el que está en seguro de paro".
Según el secretario de Estado, los planes comenzarán próximamente en Río Negro, Soriano, Durazno, Maldonado y Montevideo; unas 30 mil personas obtendrán empleos en tareas comunitarias durante cinco meses. Trabajarán 17 días al mes, en jornales de seis horas, y cobrarán por mes —aunque en pagos semanales— un salario mínimo y medio líquido; también les corresponderán aportes patronales y obreros, y beneficios de aguinaldo, licencia y cobertura médica. El costo del programa será 1 millón y medio de dólares.
Pérez del Castillo dijo que durante el 2002 el Estado pagó en promedio 7 millones de dólares por mes en seguro de paro. Y dijo que en contraposición con pagar a gente "que no hace nada", los empleos de emergencia constituyen una opción "mucho más digna".
También señaló que espera que el PIT—CNT fije una postura sobre el uso de parte del Fondo de Reconversión Laboral —que en total suma 5 millones de dólares— para el plan de emergencia. En ese sentido, el dirigente sindical Juan Castillo dijo ayer a El País que si bien considera "increíble" que el gobierno pida ese dinero del fondo, la central obrera analizará el tema cuando reciba un planteo concreto.
Castillo también dijo que el proyecto del ministerio es "avance", pero que aún es "insuficiente" para las aspiraciones del PIT—CNT.