Remate judicial de campo provocó un gran escándalo

PABLO D. MESTRE

Crónica de una muerte anunciada. El remate judicial del campo de Alejandro Arregui, realizado en la jornada de ayer, perfectamente se adapta a la famosa novela de Gabriel García Márquez. Es que, sabiéndose el final desde el principio, durante más de tres horas de idas y venidas hubo de todo.

INTRODUCCION. Alejandro Arregui (53 años, productor agropecuario), casado con Gabriela Revello (47, profesora en el liceo de Trinidad) y sus tres hijos: Pedro (26, Ingeniero Agrónomo), Federico (24, periodista) y Román (23, estudiante de veterinaria), defendieron hasta el final su propiedad.

Las 755 hectáreas, 1.451 m2 integradas en 4 padrones en la cuarta sección del departamento de Flores, que la quinta generación de la familia Arregui explota, ayer fueron rematadas judicialmente.

El demandante, Pedro Boerr Morales, compró la cartera de una deuda que Alejandro Arregui Castelvecchi, tenía con el Banco Sudameris por U$S 400.000. "En realidad pedimos U$S 203.000 en el año 1996 y fuimos pagando los intereses hasta que pudimos, luego se fue inflando y cuando quisimos una solución, nos pedían U$S 392.005 en el año 2002 y no pudimos pagar", dijo el productor a El País. En ese instante se iba a efectuar el remate (23 de julio), cuando el propio presidente de la República, Dr. Jorge Batlle, a iniciativa de dirigentes rurales logró suspenderlo en acuerdo con la entidad financiera.

Según Arregui, "al otro día de la suspensión, el banco enajenó la cartera pero por la mitad de su valor (U$S 200.000), pasando a ser del Sr. Boerr".

Ahora, a iniciativa del propio Boerr el remate judicial se llevó a cabo ayer, en la sede de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios en Montevideo.

Pero eso fue otra historia.

PRIMER ACTO. La citación del martillero Gerardo Gómez de Freitas era para las 15.30. A esa hora, la sala "Alberto Vanoli Rago", se veía colmada de gente. Entre cientos de personas estaban además de la autoridad, la actuaria Esc. Lucía María Carbella, el demandante Boerr con sus asesores legales, el demandado Arregui, su familia, amigos, dirigentes gremiales y también tres legisladores (Agazzi, Rossi y Braccini del Encuentro Progresista). Todos rodeados por un contingente de decenas de policías.

A la hora indicada comenzó la subasta y con ella la polémica.

El martillero Gómez de Freitas leyó el edicto y tras él, informó la deuda que por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural tenía dicho predio. "Desde el año 1997 hasta junio del presente año, se debe a la Intendencia Municipal de Flores: $ 724.246,20 por el padrón 178; $ 239.107 por el padrón 3973; $ 286.674 por el padrón 152 y $ 292.499,90 por el padrón 3972. En total $ 1.542.526".

—"Canalla, estás a tiempo de arrepentirte y salvar tu dignidad y tu honor. Salvá tu honor y el de tu padre que se crió en el campo". Fue una de las primeras frases disparadas contra el rematador desde la platea en donde se ubicaban la familia y amigos de Arregui.

Pese a ello, la actuaria solicitó calma y autorizó al martillero a proseguir su tarea.

Al pedir oferta por el primer lote (padrón 178, 348 hectáreas, 9.012 m2, con construcciones), un interesado ofreció U$S 400 (la hectárea). Esto motivó la inmediata reacción de los allegados al demandado y se generó un intercambio de frases y de amenazas.

—"Mi familia y yo ocupamos el campo y el que compre, adquirirá un problema", dijo Arregui. "Es una falta de respeto al país, la dignidad no tiene precio", soltó el ex presidente de la Federación Rural, Gonzalo Gaggero, quien junto al actual titular de la gremial, Roberto Uriarte, concurrieron "en nuestro afán de defender a la familia del campo".

—"No tiene por qué hacerlo, no va a vivir tranquilo", le espetó uno de los hijos del productor de Flores al oferente, lo que motivó la reacción de la actuaria pidiendo intervención a la autoridad. "Que no se falte el respeto a la policía ni a la actuaria", pidió el propio involucrado, calmando las aguas.

Pero lejos de tranquilizarse, se enturbiaron las cosas. Los gritos continuaron y se inició un dialogado entre la autoridad y el público, que motivó la primera amenaza de desalojar el local (hora 16).

—"No puedo suspender el remate en esta instancia, sólo lo podría hacer la jueza", afirmó la actuaria, motivando la unánime respuesta: "entonces que venga la jueza"...

Y la jueza fue...

Ya con la Dra. Liliana Brusales (del juzgado de 19 turno) en sala, —expresando que tuvo que dejar unos cuantos juicios importantes ante la gravedad del hecho—, una hora después de lo previsto, parecía que finalmente se iniciaría el remate.

Pero...

SEGUNDO ACTO. —"Como legisladores, pedimos que nos explique lo que está pasando, porque tenemos el compromiso del Ministro de Economía que no se iban a realizar remates hasta tanto no salga la Ley", le solicitó el diputado Ernesto Agazzi a la jueza.

—"Lo que pasa es que no tengo una ley que me habilite en este momento a suspender el remate, si la tuviera lo haría encantada; pero no tengo ninguna disposición legal vigente que me permita suspender la subasta", respondió la funcionaria del Poder Judicial en lo que hasta ese momento parecía ya una interpelación entre los dos Poderes del Estado.

—"Pero si el Ministro de Economía se comprometió que sin ley no iban a haber remates...", insistió el legislador frenteamplista.

—"Yo represento al Poder Judicial, si hubiera una disposición legal que me permitiera, que amparara esta situación como la de otros deudores, podría hacer algo, pero no tengo ninguna", volvió a responder la jueza, sin levantar el tono (no era necesario, a esa altura el silencio se escuchaba en el recinto).

—"Si me permite, (intercedió poniéndose de pie el diputado Víctor Rossi, también del Encuentro Progresista), el proceso de discusión es reciente y se optó no por una Ley, sino por el compromiso que el Ministro aceptó y pidió el compromiso firmado con la aceptación de las instituciones bancarias. El asunto es que podemos estar, sin quererlo y por no tener la comunicación debida, cometiendo una injusticia que puede resultar irreparable. Propongo aplazar la ejecución de este acto hasta saber el alcance de los compromisos y si no hay problemas de comunicación", solicitó.

—"No puedo hacerlo, si pudiera lo haría, pero no tengo ninguna disposición. Lo que sí se podría hacer es que entre las partes se pongan de acuerdo y suspendan el remate. Me gustaría quedarme a solas con las partes y tratar de arreglar el tema", solicitó la jueza.

Y así fue. La autoridad se retiró hacia una sala contigua y allí dialogó con demandante y demandado por más de media hora. Tras el encuentro no hubo arreglo: "el remate prosigue", anunció.

TERCER ACTO. Ya a esa altura nadie se acordaba de la oferta de los U$S 400 del interesado (que no quiso revelar su identidad, ni si representaba a una empresa, pero sí criticó "que me presionen y no me dejen ejercer mi derecho a comprar libremente un campo a un productor que pidió dinero y no lo pagó ni con el dólar a 12 pesos").

A la hora 17 y al pedido de "no obstaculicen la justicia", el remate prosiguió. Tras ratificar el mismo oferente los U$S 400, el hasta ese momento callado Boerr retrucó: "500 dólares". En una breve puja (de 520), el padrón llegó a los U$S 550, precio final ofertado por Boerr y aceptado por el martillero y la jueza. Pero a la hora de adjudicar el bien y cuando el golpe de martillo sellaría el acuerdo...

—"No puede permitir esto, es una injusticia", dijeron los involucrados, al sonar de palmas y cantos, que motivó una nueva interrupción de la subasta.

—"Señores yo entiendo desde el punto de vista humano, pero tengo que cumplir con mi obligación", dijo la jueza amenazando con desalojar el local. Acción que encomendó a la policía pocos minutos después cuando se apagó la luz del recinto redoblando los aplausos de protesta.

—"Esta es una falta de respeto a la justicia. Nunca me había pasado en mi actividad como jueza una cosa similar. Yo comprendo la situación general del país, pero no justifico esta actitud en sala", volvió a decir la Dra. Brusales, interrumpida por Gaggero que expresó: "los uruguayos somos prisioneros de los bancos, esperemos que la justicia no sea también prisionera", ganando el aplauso. Ello motivó una nueva interrupción del acto.

A la hora 18, la jueza insistió: "Sres. guarden compostura que se va a iniciar la subasta. Y se inició... pero se volvió a interrumpir ahora definitivamente con el desalojo del salón por parte de la policía.

FINAL. Pero siguió. Tras salir del salón quienes gritaban —en un confuso hecho de órdenes y contra órdenes—, la jueza autorizó a realizarse la venta con los dos oferentes en sala. "Es una vergüenza, los demás interesados se fueron, este remate no se puede realizar, es ilegal", rogó prácticamente Arregui abrazado de su familia, pero ya sabiendo que era el final. Y más allá que aseguró que va a impugnar el remate, éste se hizo y fue la crónica de una muerte anunciada.