Brasil se propone aplicar medidas drásticas en el combate contra el crimen organizado, entre ellas una fiscalización estricta de dineros sospechosos de origen ilícito, manifestó hoy el secretario nacional de Seguridad, Luiz Eduardo Soares.
El funcionario participó en un seminario en la Academia de Policías donde informó sobre los planes del gobierno.
Las medidas, dijo, son parte del Plan Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Unico de Seguridad mediante los cuales los organismos de represión y de inteligencia de la policía coordinarán su trabajo.
Informó que la próxima semana el Ministerio de Justicia hará conocer medidas rigurosas contra el lavado de dinero, para "desalentar las actividades del crimen organizado que utiliza redes financieras nacionales y extranjeras".
El tráfico de drogas moviliza anualmente unos 10.000 millones de dólares, según informes autorizados.
En la actualidad el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, gestiona la adhesión de los 27 estados al Sistema Unico de Seguridad Pública. Nueve estados, incluso Sao Paulo y Río de Janeiro, ya confirmaron su respaldo.
Al gobierno le preocupa la diseminación de las armas en todo el país, tanto entre los delincuentes como entre la población que busca asumir su propia defensa.
"Lamentablemente algunos ciudadanos consideran que garantizarán su integridad y de sus familias con la posesión de armas", expresó.
La Policía Civil dice que sólo en el Distrito Federal de Brasilia hay 320.000 armas ilegales, es decir que uno de cada cuatro ciudadanos posee una.
El director de Comunicación Social de ese organismo policial, Miguel Lucena, afirmó que esa proporción es mayor a la del estado de Sao Paulo, donde 1 de cada 5 ciudadanos posee algún arma ilegalmente.
"Los índices no bajaron y la Policía incauta por lo menos 2.500 armas cada año", dijo, al citar una intensa campaña por el desarme realizada en 2001.
Los archivos del Instituto de Medicina Legal muestran que entre 1999 y el 2002, de los 610 homicidios registrados, un 74% fueron a consecuencia de disparos de armas de fuego.
Para presionar por leyes más estrictas contra la posesión ilegal de armas, hace unos meses organismos no gubernamentales colocaron en las puertas del congreso los zapatos de personas que murieron víctimas de la violencia. AP
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