El acuerdo electoral entre Gobierno y oposición, con el aval de la OEA y otros organismos internacionales, no hará que los militares rebeldes que ocupan la plaza Altamira de Caracas la abandonen, indicó hoy el abogado Carlos Bastidas.
"Piensan que las motivaciones políticas y las circunstancias que les llevaron a ocupar la plaza el pasado 22 de octubre no han variado", explicó Bastidas a los periodistas en la plaza.
El 29 de mayo, el Gobierno y la coalición opositora Coordinadora Democrática firmaron, tras seis meses y medio de negociaciones dirigidas por la Organización de Estados Americanos (OEA), un acuerdo para superar la crisis del país.
El grupo de militares señaló al ocupar la plaza que no la abandonarían hasta lograr la salida de la presidencia de Hugo Chávez por considerarlo un "dictador" y responsable de "destruir el país" y llevarlo hacia un régimen como el de Fidel Castro en Cuba.
El grupo de Altamira está dirigido por 14 altos oficiales vinculados al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, y su líder es el general de división Enrique Medina, ex agregado militar en Washington.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, condenó la rebeldía de los militares y dijo que "contravenía el artículo cuarto de la Carta Demo crática Interamericana de la OEA".
También les pidió que utilizasen "medios democráticos, pacíficos y constitucionales para tramitar sus diferencias con el Gobierno" y les advirtió que para participar en política deben "dejar los uniformes".
A pesar de la condena, la Coordinadora firmó con ellos, el 22 de noviembre, una alianza que reflejó su coincidencia de intereses.
Sin embargo, la Coordinadora comenzó a separarse de ellos al final de la huelga general de diciembre y enero pasados contra Chávez, aunque un sector, denominado Bloque Democrático, siguió apoyándolos.
La separación de la Coordinadora se aceleró después de que el 24 de mayo la Fiscalía imputó, como "autor intelectual", al ahora detenido coronel, Yuseppe Piliery, el asesinato de tres soldados y de la novia de uno de ellos.
Posteriormente, el general de la Guardia Nacional, Felipe Rodríguez, fue señalado públicamente pero no acusado formalmente como organizador de los atentados terroristas que en febrero destruyeron parcialmente edificios diplomáticos de Colombia y España y el 12 de abril el centro en el que se negociaba el acuerdo electoral.
El 16 de abril, la Fiscalía habló de que ese general podría ser la conexión entre los atentados y Altamira. Un mes más tarde, Chávez lo acusó en su programa dominical.
El 24 de abril, poco después de hacerse públicas las acusaciones de terrorismo, cinco capitanes y un subteniente, miembros del grupo rebelde, solicitaron asilo político en las embajadas de Uruguay, República Dominicana y Perú.
El pasado domingo por la noche los ex capitanes Carlos Blondell y Otto Gebauer viajaron a Uruguay para disfrutar del asilo territorial que les otorgó ese país y hoy lo hicieron a República Dominicana, con igual finalidad, los ex capitales y hermanos, Alfredo y Ricardo Salazar.
El ex capitán Wismerk Martínez y el subteniente Gilberto Landaeta, están a la espera de un salvoconducto que les permita viajar a Perú.
La mayor parte de los militares que respaldaron la insubordinación de Altamira han sido dados de baja de la Fuerza Armada Nacional. EFE