Sin lugar a dudas la noticia de la masiva adhesión de los tenedores de deuda pública a la propuesta de reperfilamiento fue de las mejores que hemos tenido en los últimos tiempos. Se aventó el fantasma del default en un proceso, que es justo reconocer, el Gobierno manejó con sumo acierto.

Ahora el desafío es reactivar la economía y generar puestos de trabajo, y para hacerlo se hace imprescindible inyectar dinero en la economía.

Debemos ser conscientes de que el sistema financiero todavía no se ha recuperado. Al día de hoy se estima que 1.800 millones de dólares permanecen en el "colchon bank", aunque hay un progresivo retorno de los depósitos. Por tanto, las instituciones financieras demorarán un tiempo aún no determinado en poner al servicio de la producción las líneas de crédito que los productores nacionales requieren.

Si miramos al Estado, el panorama no es mejor en tanto no tiene mucho para ofrecer. Por un lado, los compromisos fiscales asumidos implican un manejo muy prudente de sus recursos, y por otro porque lo que se evita pagar a los acreedores por concepto de intereses y amortizaciones de capital de los papeles públicos en realidad es dinero que el Estado nunca tuvo. La interrogante es cómo lograr que los particulares, que tienen su dinero fuera del sistema financiero, apoyen activamente el incipiente crecimiento de la economía uruguaya.

Como datos favorables se aprecia una notoria mejora de las exportaciones agropecuarias tanto en cantidad como en precio. Sin perjuicio de coincidir en que la cadena agroexportadora es de trascendental importancia, debemos reconocer que en el corto plazo su desarrollo no se asocia a un crecimiento significativo ni del PBI ni de los puestos de trabajo. Tengamos en cuenta que el sector agroindustrial representa el 15% del PBI, mientras que el sector servicios el 50%. Un crecimiento del PBI agropecuario del 10% redunda en un aumento del 1,5% del PBI, mientras que un crecimiento del 10% en el sector servicios implicaría un aumento del 5%.

El sector servicios comprende no solamente la Construcción, sino también áreas tan importantes como el Turismo y las Finanzas. Pero la Construcción, por su fuerte efecto en el empleo, directo e indirecto, estimamos que merece especial atención; si no veamos que de aproximadamente 220.000 trabajadores desocupados, 40.000 lo son de la Construcción.

Una forma interesante de propender al financiamiento de dicho sector es el desarrollo de los Fondos de Inversión Cerrados de Crédito. Aunque algunas iniciativas han sido aprobadas por el Banco Central, la tributación a la que están sometidos los convierte en instrumentos poco atractivos para el mercado.

Nos parece que sería una medida prudente que el Poder Ejecutivo revisara los aspectos impositivos, porque la realidad indica que hoy los Fondos no generan ningún aporte. Si en cambio, los mismos fuesen pasibles de una exoneración o menor tributación, podrían convertirse en una herramienta de financiamiento que generaría a través de la industria de la construcción ingresos que el Estado hoy no percibe, también aceleraría el proceso de reactivación. Habría así una tributación directa (la de los propios fondos) a la vez que una indirecta (tributación a la DGI y BPS) asociada a la actividad de las empresas que giran en el ramo (constructoras, proveedores, profesionales, obreros, etcétera).

Podremos discutir si las rebajas tributarias deben ser permanentes o coyunturales, totales o parciales, pero lo que es seguro, es que los Fondos de Inversión Cerrados de Crédito, tanto como los Fideicomisos (a estudio del Parlamento), son instrumentos potencialmente válidos y proactivos para la reactivación de una industria que, sin duda alguna, es de las que mayor potencial de crecimiento y de generación de empleo tiene.