Peligran los servicios de 222 en locales de Secundaria y UTU

SALTO | LUIS ALBERTO PEREZ

El jefe de Policía de este departamento no descartó que en pocas horas proceda a retirar el servicio "222" que prestan funcionarios del Ministerio del Interior frente a los centros docentes de Secundaria y de la Universidad del Trabajo del Uruguay ante la falta de pago del mismo que se extiende en algunos casos desde el mes de junio del pasado año.

El Insp. Mayor Julián Rodríguez confirmo a El País que ha agotado las negociaciones para el cumplimiento del pago de las horas ante las autoridades de las instituciones deudoras y siente una profunda preocupación además por el reclamo que plantean los policías para que se les haga efectivo el dinero amparados en las reglamentaciones sobre las cuales fue creado el servicio.

Dijo el Insp. Rodríguez sobre esta situación que ha intentado "por todos los medios" que las instituciones se pongan al día y destacó la colaboración en las gestiones de la Junta Departamental que colaboró en forma "importante" entendiendo la problemática de los policías y también de cuáles serán los inconvenientes si se procede al retiro de las vigilancias en este régimen del articulo 222.

Rodríguez explicó que de las perspectivas para que se regularice este problema económico sólo se avizora un intento por parte de los deudores de hacer efectivos algunos meses del año 2002, "pero sucede que deben desde junio y julio del año pasado", subrayó.

Especificó que los centros de enseñanza que están expuestos a que se retire el servicio permanente de vigilancia son los liceos públicos y la Universidad del Trabajo del Uruguay.

El Jefe de Policía recordó que el servicio 222 está determinado que para su cumplimiento debe ser abonado "por adelantado", señalando que en este departamento se ha actuado con más elasticidad dándose plazos de 30 días en casos especiales, entre los que se contaba a los centros de enseñanza.

En cuanto a la determinación a adoptar si no se cumplen con las obligaciones contraídas por los centros de enseñanza, el titular de la Jefatura respondió: "lamentablemente vamos a tener que cortar el servicio porque a su vez la policía va a sufrir juicios y demandas por parte del personal con total razón, porque los contratantes somos nosotros y no le pagamos al policía. Ellos comprenden la situación pero necesitan el dinero".

De concretarse esta medida, los centros de enseñanza en cuestión no tendrán un régimen especial de vigilancia, según las expresiones del Insp. Rodríguez que anunció que esos locales entrarán dentro del plan de "recorridas generales" que efectúa la policía.

"No es que esos centros vayan a ser tierra de nadie, van a estar como el resto de la sociedad, no van a tener un servicio especifico", recalcó.

CARCEL. El incremento de los procesamientos en los últimos meses dictaminados por la justicia y especialmente por los delitos de abigeato, ha provocado que la semana pasada la Cárcel Departamental haya exactamente duplicado el número de reclusos de su proyecto original que fue albergar a no más de 80.

Al día de ayer esa cifra había llegado a 170 y si se mantiene la gráfica de ingresos al recinto carcelario se prevé que en pocas semanas, fácilmente la cantidad de presos llegará a los 200.

Esta situación ha generado otra problemática a la policía, que no es ajena a las que se viven en otros departamentos, pero en este caso y de acuerdo a lo manifestado por el Jefe de Policía se está tratando por todos los medios de brindar una atención igualitaria en base a adaptación de áreas que estaban destinadas a otros fines.

El Insp. Mayor Julián Rodríguez indico que inevitablemente una vez que culminen la instalación de los módulos y se refaccione el penal de Libertad, habrá traslados para descongestionar el celdario local que registra una cifra histórica de capacidad.

Subrayó así mismo que el promedio mensual de procesamiento por prisión en el departamento de Salto por la comisión de distintos delitos es de 20 personas.