Siguen los disturbios contra el gobierno

LIMA - Las protestas en Perú continuaron ayer a pesar del estado de emergencia decretado hace tres días por el gobierno de Alejandro Toledo y que se ha saldado con un muerto y más de sesenta heridos en violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

La mayor movilización se registró en la ciudad de Puno, 1.315 kilómetros al sur de Lima, en rechazo por la muerte de un estudiante universitario que se enfrentó con militares en las inmediaciones de la Universidad Nacional del Altiplano.

El presidente de la región de Puno, David Jiménez, informó que la marcha había reunido a 50.000 personas, entre estudiantes, profesores en huelga y otros ciudadanos que piden el levantamiento del estado de emergencia.

Puno amaneció ayer en duelo, con banderas a media asta, y sin actividad comercial por la represión militar que dejó 61 heridos, 23 de los cuales seguían ayer hospitalizados por lesiones de diversa consideración.

Jiménez se quejó de la intervención militar porque la autopsia del estudiante muerto confirmó que el disparo se hizo por la espalda, al igual que en otros casos de universitarios heridos.

DEFENSA. En una sesión del pleno del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Solari, defendió el deber de las fuerzas armadas de salir a las calles a poner orden y hacer que se cumpla el estado de emergencia.

Solari acusó al legislador izquierdista Javier Díez Canseco de flagrante violación del estado de emergencia por participar en la marcha realizada en Puno, a pesar de que el derecho de reunión está suspendido por 30 días.

El jefe del gabinete ministerial demandó a los líderes del Partido Aprista Peruano, el principal de la oposición, que pidan a la población respetar el estado de excepción y que se definan si están del "lado de la democracia o del lado del caos".

Sin embargo, la bancada aprista reiteró en el Congreso su oposición al estado de emergencia y a la represión violenta de los manifestantes.

Una encuesta constató ayer que el 43% de la población piensa que el partido Aprista apoya los actos de violencia cometidos en los últimos días durante las protestas.

La misma encuesta precisó que el 67 por ciento de los peruanos cree que la declaración de estado de emergencia fue una decisión gubernamental apresurada.

En otras ciudades peruanas, como la norteña Piura, la andina Huancayo y la selvática Yurimaguas, los maestros en huelga siguieron sus medidas de resistencia con la toma de locales escolares.

En Piura, las protestas derivaron en la detención de dos dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, que aglutina a 280.000 profesores de todo el país.

Por su parte, en Lima, tropas militares acordonaron el Palacio de Justicia para neutralizar la acción de los trabajadores judiciales que también están en huelga desde esta semana.

Varios ministros han manifestado que el estado de emergencia puede ser levantado antes de los 30 días, pero que para eso es necesario que retorne la paz social. EFE