Gobierno español aprobó medidas más restrictivas contra la inmigración ilegal

El Gobierno español aprobó hoy una reforma de la ley de extranjería con nuevas medidas más restrictivas destinadas a luchar contra la inmigración ilegal en el último día de campaña para las elecciones municipales y regionales del 25 de mayo.

La inmigración "no es una preocupación en exclusiva de España, ésta es una preocupación y una prioridad de todos los países de la Unión Europea", aseguró el ministro del Interior español, Angel Acebes, en la rueda de prensa posterior al semanal Consejo de ministros.

El ministro Acebes justificó la medida por el cada vez mayor flujo de inmigrantes que llegan a España, debido a su "ubicación geográfica peculiar (entre Europa y Africa), ser objetivo prioritario para los inmigrantes iberoamericanos y ser un país con una gran actividad turística".

La tercera reforma de la ley de extranjería española en tres años busca "favorecer la inmigración legal que permita que los que quieran venir lo hagan con sus papeles en regla", según Acebes.

El ministro del Interior español basó la nueva reforma en la simplificación de los trámites para acceder a los visados y medidas más restrictivas en la lucha contra la inmigración ilegal, entre las que destaca la obligación para las compañías aéreas de facilitar información sobre las personas que vuelen a España principalmente desde "aquellas rutas de fuera del espacio Schengen, que sean especialmente sensibles".

"Se va a poder exigir a las compañías de transporte que remitan una relación pormenorizada de las personas que van a traer a nuestro país. Asimismo podrán ser obligadas a remitir información sobre el número de billetes de vuelta no utilizados y en determinados casos información sobre las personas en dicha situación", añadió el ministro.

Les compañías que se nieguen a colaborar podrían ser sancionadas con multas de hasta 60.000 euros (casi la misma cantidad en dólares), precisó el ministro Acebes, quien recordó que la aérea es la principal vía de entrada de inmigrantes en España.

La medida busca luchar contra las personas que entran en España como turistas y que pasados los tres meses se quedan en territorio español, sin usar el billete de vuelta, convirtiéndose en inmigrantes clandestinos.

Junto a esto, el gobierno español ha decidido "garantizar la devolución de quienes pretenden entrar ilegalmente en el territorio nacional permitiendo el internamiento (de éstos) porque si no, no hay manera de garantizar que las resoluciones de expulsión se cumplan", según Acebes.

De esta forma, los inmigrantes sobre los que pese una orden de expulsión podrán ser internados en centros para proceder a la orden, si no son repatriados en 72 horas, según el diario El Mundo.

Además, el gobierno actúa sobre la figura de la reagrupación familiar "asociándola a la solvencia económica y al trabajo y evitando la reagrupación en cadena de los ascendientes dependientes, que excepcionalmente podrán reagrupar (a otros familiares) cuando tengan un permiso de residencia y acreditada solvencia económica".

Se trata de evitar "las reagrupaciones en cadena de manera fraudelenta", según Acebes, quien precisó que de esta manera sólo se podrá reagrupar a la pareja, los hijos y los ascendientes directos, pero éstos no podrán iniciar un proceso de reagrupación salvo que ellos mismos gocen de un permiso de residencia.

Junto a las acciones restrictivas, el gobierno también ha buscado simplificar los trámites de acceso al visado, que ahora también servirá de permiso de residencia y trabajo cuando se logre.

El visado se entregará a quien "previamente obtenga una autorización para residir o trabajar, por lo tanto, junto con el visado con la autorización para lo que puede entrar en España", afirmó Acebes, quien precisó que el objetivo es evitar la doble tramitación, que rige actualmente en que este proceso tiene lugar antes y después la entrada del inmigrante en España.

La reforma de la ley de extranjería, que aún habrá de ser debatida y aprobada por las Cortes españolas, ha sido criticada por la oposición y organizaciones de inmigrantes que la consideran una medida electoralista.

Según la sección española de SOS Racismo, 600.000 inmigrantes, esencialmente latinoamericanos, viven de manera clandestina en España. AFP